Decidido a no encontrarse con sorpresas de última hora que pueda frustrar la mega fiesta por la entrada en vigencia plena de la Ley de Medios, el Gobierno recusó a todos los jueces de la Cámara Civil y Comercial que tiene que resolver una prórroga de la cautelar pedida por el Grupo Clarín contra la cláusula de desinversión.
Con esta recusación masiva no tiene antecedentes desde el retorno de la democracia, el Estado busca dilatar la definición de la causa evitando que se expida al menos antes del 7-D, el día clave para el Gobierno en su puja con Clarín.
Las recusaciones llegaron menos de 24 horas después que la Corte Suprema de Justicia había exhortado al Gobierno a poner fin a este tipo de recursos como método para trabar o demorar los juicios de los jubilados contra Anses en reclamo de ajustes en los haberes.
Pero ante la posibilidad de que la Cámara Civil y Comercial pudiera extender la prórroga de la cláusula de desinversión de la Ley de Medios, el Gobierno salió con los tapones de punta y hasta advirtió que ‘la Justicia intenta un golpe institucional’.
En este sentido, el ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó ayer que si la Cámara Civil y Comercial pretende extender ‘más allá del 7 de diciembre‘ la medida cautelar, que permite al grupo Clarín no cumplir plenamente con la ley de servicios de comunicación audiovisual, implicaría ‘un alzamiento contra una ley de la Nación y generaría un conflicto de poderes‘.
La Cámara había desestimado el martes la recusación presentada por el Estado contra los jueces Francisco de las Carreras y Graciela Medina. Por eso, el Gobierno pidió la ‘revocación’ del fallo y recusó a todos los jueces de ese tribunal. Con esta decisión, el tribunal quedó en condiciones de resolver el pedido del Grupo Clarín.
Desde el gobierno se acusó a De las Carreras de haber viajado a Miami invitado por una organización (CERTAL) a la que le endilgaron estar vinculada con el Grupo Clarín, y por esa razón no debería seguir interviniendo en la causa. Sin embargo, en su resolución del martes, la Cámara sostuvo que los gastos del viaje a Miami que pagó CERTAL ‘fueron asumidos por una entidad ajena al litigio‘, al tiempo que precisó que ‘ninguna relación tuvo el magistrado ni directa ni indirectamente con el Grupo Clarín‘.
También señaló que de las Carreras pidió autorización a la Corte para concurrir al Congreso Académico y que ‘el Alto Tribunal autorizó el viaje expresamente y en forma previa a la partida, sabiendo que este litigio se ventila por ante el Tribunal que integra de la Carreras‘.
En el caso de Medina, la recusación se basa en que el marido de la magistrada, Julio César Rivera, posee entre sus principales clientes a la empresa Cablevisión, una de las empresas del Grupo Clarín.
Así, tras una serie de fallos en los que sucesivamente fueron rechazadas recusaciones y excusaciones de camaristas, el tribunal decidió integrar la Sala Primera con los jueces De las Carreras y Susana Najurieta, y así quedó en condiciones de resolver la extensión de la cautelar.
La presentación del gobierno fue realizada ante la propia Cámara Civil y Comercial, argumentando que al resolver no se hizo lugar al pedido de producción de medidas de prueba para confirmar la acusación.
La Cámara deberá resolver ahora si acepta o rechaza el recurso, y luego quedará abierta -por vía de recurso extraordinario o de ‘queja‘- la instancia de la Corte Suprema.