El juicio más emblemático por los casos de desaparición de bebés durante la dictadura militar empezó en marzo de este año en el Tribunal Oral Federal Nro. 6 de la Capital Federal.
El proceso colocó en el banquillo al ex dictador Jorge Rafael Videla, de 85 años; al último de los gobernantes de la dictadura, Reynaldo Bignone de 83, y a cinco integrantes del Ejército, la Armada y la Prefectura, y un civil.
Sobre los ocho acusados pesan cargos de “sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad” de 34 niñas y niños de menos de 10 años que nacieron durante el cautiverio de sus madres, detenidas en prisiones clandestinas.
La causa se inició por la denuncia por apropiación de menores que hicieron las Abuelas de Plaza de Mayo el 30 de diciembre de 1996, aprovechando el descuido jurídico que habían dejado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Entre los acusados también está el “Tigre” Acosta, sospechado de haber planificado, y después concretado, un plan para apropiarse de casi 500 bebés. Son 34 los casos de chicos nacidos en cautiverio o apropiados en la vía pública -junto a sus padres- que llegaron al juicio. De ese total, 25 ya recuperaron la identidad, entre ellos Juan Cabandié y Victoria Donda, hoy diputados de la Ciudad y la Nación, respectivamente.
En el juicio se busca probar el funcionamiento de maternidades clandestinas como las que había en la antigua Escuela Mecánica de la Armada, Campo de Mayo y el Pozo de Banfield, y que éstas contaban con estructuras y médicos para facilitar el parto de las detenidas. Pero también se investiga que hubo nacimientos clandestinos en La Cacha, Orletti, El Vesubio y Olimpo.
La apropiación de menores fue un delito que no se constituyó como figura penal hasta después de las llamadas leyes del perdón y del indulto de los años ‘80. Casi a fines de los ‘90, las Abuelas consiguieron que la apropiación y el robo sistemático de hijos de desaparecidos fueran considerados delitos de lesa humanidad, como el que se va a juzgar en San Juan.