Tras las amenazas mendocinas de ir a la Corte Suprema de Justicia para frenar la aplicación de la promoción industrial, José Luis Gioja reunió ayer en Casa de Gobierno a un grupo de colaboradores y quedaron en buscar una vía para que el máximo tribunal escuche también la posición de San Juan. La estrategia de Mendoza es atacar el decreto presidencial que prorroga el régimen y así, la provincia no sería parte en el proceso. Sin embargo, en el entorno del gobernador aseguraron que hay caminos para entrar y ejercer una defensa del beneficio impositivo.
Cerca del mediodía, Gioja estuvo a puertas cerradas con el ministro Raúl Benítez, la secretaria de Industria, Sandra Barceló; el jefe de asesores, Guillermo De Sanctis, y la asesora Letrada de Gobierno, Mara Alcobas. La reunión duró casi una hora y no trascendieron detalles finos de lo que se habló. "No vamos a mostrar las cartas", dijo un funcionario al término del encuentro, justificando el hermetismo con el que se está manejando el armado de la estrategia política y jurídica de la contraofensiva de San Juan.
En Casa de Gobierno dan por descontado que Celso Jaque cumplirá su promesa de presentar un amparo y una medida de no innovar contra la promoción industrial. Fuentes calificadas aseguraron, sin más detalles, que en ese caso la idea es constituirse como parte del proceso o al menos buscar una herramienta jurídica para que San Juan pueda exponer sus argumentos de por qué se justifica el régimen.
El planteo de Mendoza es contra una herramienta -el decreto de Cristina Kirchner- del Estado nacional y San Juan, en principio, no sería parte. Sin embargo, en el gobierno local advierten que en estos casos, la Corte Suprema puede darle intervención a los beneficiarios del régimen -San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja- para que hagan su descargo. La otra alternativa es presentarse por iniciativa propia como tercero interesado con legitimación para dar su punto de vista.
Oficialmente no se sabe cuáles podrían ser los términos del planteo sanjuanino. Pero una de las cosas que se preguntaban ayer en Casa de Gobierno es si los vecinos tienen legitimación para recurrir a la vía judicial por este tema. Al mismo tiempo, un alfil giojista sostuvo que nunca más oportuna la reciente frase de Ricardo Lorenzetti, cuando dijo que la Justicia no tiene la función "de gobernar".
Más allá de la batalla jurídica, en los despachos locales no pierden de vista el condimento político como posible solución a la puja. Como antecedente, recuerdan cuando por una disputa del mismo tenor, la Nación aplacó los ánimos mendocinos con una partida para financiar el dique Portezuelo. De hecho, Jaque ha dicho que buscará una solución en la Rosada.
Minutos antes de la reunión con su equipo, Gioja ya anticipaba la contraofensiva local. Luego de insistir en ponerle paños de agua fría al conflicto, aseguró que "voy a hablar con quien tenga que hablar, ustedes saben que no nos vamos a quedar quietos".
Movida mendocina
El vicepresidente Julio Cobos, enfrentado al matrimonio K, confirmó ayer que se unirá a Jaque en los reclamos frente a la Nación para intentar frenar el avance de la prórroga de la promoción industrial a las provincias de San Juan y San Luis. Sin embargo, propone derivar la discusión al Congreso, mientras que el mandatario prefiere la negociación directa con la Rosada.
"Los planes de promoción industrial hay que transformarlos en planes de desarrollo regional y competitividad. Porque si bien beneficiaron a algún sector, también perjudicaron a muchos", sostuvo Cobos ayer, al salir del despacho de Jaque, donde se reunió con el mandatario y los ex gobernadores Lafalla e Iglesias para definir una estrategia común.
Horas antes Jaque había pedido audiencia a Cristina Fernández para insistir en la teoría de los perjuicios. El fiscal de Estado, mientras tanto, interpuso un recurso de no innovar ante la Corte Suprema de Justicia.
Cobos dijo que "es muy difícil evaluar cuál es el daño que ha causado la promoción industrial en la provincia, por eso, con la obra comprometida por la Nación de Portezuelo del Viento, fue la primera vez que se reconoció algo por escrito y esto podía durar 10 o 20 años". El Vicepresidente hacía referencia al acuerdo que en su momento firmó con Néstor Kirchner -en su estrategia política por acompañar a Cristina en la fórmula presidencial- donde la provincia se comprometía desistir de la causa judicial que se encontraba en la Corte Suprema, con dictamen favorable del Procurador, por unos 1.000 millones de pesos, por los daños que había causado el sistema de "promoción industrial" y la merma en la coparticipación, después de 2 decretos DNU de Menem prorrogando cupos y tiempos de la promoción, desde 1997. A cambio la Nación se comprometía a la construcción del sistema energético de Portezuelo del Viento y al trasvase de 34 m3/s del río Grande al Atuel. Ahora la provincia sostiene que la Nación no cumplió con lo comprometido en el acuerdo de Portezuelo e insisten (sobre todo los radicales) en reactivar el juicio contra la Nación por aquellos 1.000 millones del supuesto perjuicio de la promoción.