El Gobierno enviará al Congreso dos proyectos de ley, que modifican el Código Penal, para combatir, por un lado, las acciones terroristas y su financiamiento y, por el otro, el lavado de dinero. Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Julio Alak.
En conferencia de prensa, Alak destacó, en lo que se refiere a las sanciones contra el terrorismo, que las protestas sociales no serán consideradas como actos vinculados con ese delito, a la vez que consideró que con los proyectos que se enviarán al Parlamento “hemos cumplimentado con la totalidad de las sugerencias” realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo plenario se reunirá el 24 de este mes en París.
Respecto del proyecto de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, Alak destacó la necesidad de “adecuar la legislación interna a las nuevas modalidades delictivas del mundo”. En ese sentido, comentó que lo que propone el proyecto es “incluir como agravante, dentro del artículo 41 del Código Penal, las penas para el terrorismo”. “De esa manera -agregó- quedarán comprendidos aquellos delitos de intimidación que tengan como finalidad aterrorizar a la población, al Gobierno y a organizaciones nacionales o internacionales”. Además, el funcionario comentó que “se establece una nueva forma de penalizar el financiamiento del terrorismo en el cual quedan comprendidos no solamente las asociaciones internacionales, sino también los organismos locales o individuos que recolecten fondos con el fin de realizar actos de terrorismo”.
En cuanto a las protestas sociales, aclaró que no serán consideradas como actos de terrorismo, más de allá del reclamo que la impulsen, puesto que el Gobierno “luchará contra el terrorismo, sin afectar los derechos humanos”.
En lo que hace a los delitos económicos, relacionados con el lavado de dinero, que también tendrán una especificación en el Código Penal, Alak explicó que se trata de “un instrumento normativo que va le a permitir a la Comisión Nacional de Valores (CNV ) sancionar con penas y no con multas, diversas maniobras de manipulación del mercado que puedan causar perjuicios a los ahorristas argentinos”. Al respecto, el titular de la CNV, Alejandro Vanoli indicó que se trata de los delitos de “abuso de información privilegiada, manipulación de mercado, intermediación irregular de ahorro público y cohecho financiero”. “Las penas”, señaló “podrán ser penas de prisión por encima de los dos años o inhabilitación”.