Hace unos días, el Gobierno se lanzó contra el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ahora van por Cristina Fernández. Es que la Oficina Anticorrupción (OA) pidió ayer al juez federal Daniel Rafecas que lo admita como parte querellante en la denominada ‘causa Hotesur‘, en que se investiga a la exPresidenta y a su entorno familiar.
‘Es relevante ser querellante en esta causa dado que se investiga la eventual responsabilidad de la expresidente y al exministro de Justicia Julio Alak y otros funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ)‘, consignó el ente que depende del Ministerio de Justicia en un comunicado.
Desde la IGJ, agregó, se le habría permitido a Hotesur SA ‘permanecer sin presentar sus balances de los años 2011 a 2013, y sin registrar ni un solo documento societario en orden a la integración de sus órganos de dirección y demás autoridades desde 2009 a 2013 inclusive‘.
La OA hizo foco en las declaraciones juradas, de 2011 a 2013, de la exjefa de Estado porque ‘justifica parte de sus ingresos mediante créditos de la firma Hotesur, práctica que podría reducirse a una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado‘.
Puntualizó sus sospechas sobre ‘omisiones e inconsistencias‘ en las declaraciones juradas con respecto a ‘cuatro inmuebles y dos locales en Río Gallegos, y seis terrenos y dos locales en El Calafate y una deuda con Hotesur‘. ‘En este caso, la investigación no debe limitarse a la verificación de la correspondencia técnica en la declaración y su ajuste formal a la norma, sino que se debe establecer si esas irregularidades no evidencian, en realidad, asientos falsos o sobredimensionados, destinados a justificar un incremento patrimonial ilícito‘, destacó.
También subrayó las ‘relaciones aparentemente comerciales pero sustancialmente ilícitas -según se denunció- que vincularon a Néstor Kirchner y Cristina Fernández con los empresarios Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Cristóbal López‘.
‘En todos los casos, con sus particularidades, se trata del alquiler total o parcial de los Hoteles Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea, y El Retorno a empresas que pertenecen o están vinculadas a empresarios beneficiarios de licitaciones de obra pública con fondos federales‘, añadió.
Debe investigarse, indicó el organismo, ‘si estas contrataciones‘ en verdad ‘esconden mecanismos para reingresar al circuito comercial dinero negro -obtenido por el cobro de sobreprecios, el fraude al fisco, y/o destinado al pago de coimas‘, sugirió como hipótesis la OA.