La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal anuló ayer las medidas cautelares que bloqueaban el pago de deuda con reservas del Banco Central, dando una victoria a la presidenta Cristina Fernández, quien enfrentó una dura batalla legal para acceder a esos fondos.
Los fallos se conocieron mientras el ministro de Economía, Amado Boudou exponía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado sobre la reapertura del canje y el uso de las reservas.
Las Salas I y IV de la Cámara, en resoluciones distintas, hicieron lugar a los planteos del Gobierno contra los fallos de la jueza Claudia Rodríguez Vidal que a principio de mes había aceptado las medidas cautelares de la UCR y del Peronismo Disidente de frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 298.
Los fallos habilitan al Gobierno a poder utilizar 6.569 millones de dólares de reservas del Banco Central, en un capítulo más de la discusión política y judicial que se generó en diciembre pasado con el dictado del primer DNU, el 2010 del Fondo del Bicentenario.
A pesar que falló por la vigencia del DNU, el juez de la Sala I Néstor Buján sostuvo que hubo una "indebida asunción de funciones legislativas por parte de la Sra. Presidente de la Nación" al dictar el decreto.
El magistrado también advirtió ambas cámaras del Congreso "tenían la facultad de autoconvocarse" para resolver la validez o no del DNU 298 y que si no se lo hizo fue por "desidia" o porque la mayoría de los legisladores no quiso hacerlo.
Otro juez de la misma sala, Pedro Coviello, agregó que los dos decretos en principio no aparecen ajustados "al espíritu y la letra de la Constitución Nacional". Ahora tanto la UCR como el Peronismo pueden apelar los fallos a la Corte Suprema pero fuentes de la Cámara Contencioso sostuvieron que es muy difícil que sean tratados ya que se falló sobre aspectos procesales y el máximo tribunal sólo trata sentencias definitivas.
Las dos salas se pronunciaron sobre sendos fallos por los cuales la jueza Rodríguez Vidal frenó el decreto 298 hasta tanto se pronuncie el Congreso sobre su validez al considerar que tenía los mismos efectos que el 2010, que el 1 de marzo fue derogado por la presidenta Cristina Kirchner, lo que anunció al inaugurar las sesiones del Congreso. Ambos decretos creaban fondos para pagar deuda pública con reservas del Banco Central.
La Sala I rechazó la legitimación de los diputados peronistas Graciela Camaño, Felipe Solá y Alfredo Atanasof para intervenir en la causa ya que el Congreso está en funciones para analizar la vigencia de los DNU, lo que no ocurrió en diciembre pasado cuando se dictó el decreto 2010 y las sesiones habían terminado y Cristina Kirchner no convocó a extraordinarias.
Los jueces Buján y Clara Do Pico sostuvieron que "no existe óbice alguno imputable al Poder Ejecutivo que les impida actuar en el ámbito de la Cámara que integran, a los fines del tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia".
En tanto, los jueces de la Sala IV, Jorge Morán, Luis Márquez y Sergio Fernández, anularon el fallo de la jueza Rodríguez Vidal por considerarlo abstracto.
Fue porque el senador de la UCR pidió que se suspenda el decreto 298 en el mismo expediente de la causa por el DNU 2010 que ya había derogado y por lo tanto no había jurisdicción para fallar.
La Sala IV recordó que la propia Corte Suprema declaró abstracto un planteo del diputado del PRO Federico Pinedo contra el decreto 2010 ya que había sido derogado por el Gobierno.
Los camaristas sostuvieron que la UCR eludió así el sistema de sorteo de causas y que la decisión de la jueza "reviste una gravedad tal que vulnera las garantías constitucionales del debido proceso".