Pasaron 15 largos años desde que el complejo habitacional Gran Libertador, ubicado en Rivadavia, fue abandonado por la cooperativa que inició su construcción en 1994, dejando a 246 adjudicatarios virtualmente ‘en la calle‘. Ahora, el Gobierno tomó el guante y analiza al menos 3 alternativas para destrabar la operatoria, que según dijeron desde el Ministerio de Infraestructura de la provincia, radicaría en un problema legal con el título de propiedad del terreno, que se ubica sobre avenida Libertador Gral. San Martín y calle Meglioli, al lado de la Escuela Provincia de Salta (ver infografía), que ameritaría un saneamiento de título.
El complejo Gran Libertador fue diseñado en 1993 por la ‘‘Cooperativa de Vivienda y Consumo, San Juan Lta.’’, en conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV); y se comenzó a construir un año después. El valor inicial de los departamentos era de 32.800 pesos-dólares (eran tiempos de convertibilidad cambiaria), de los cuales el adjudicatario pagaba primero $16.500 a la cooperativa, con una entrega inicial de 300 pesos y 48 cuotas de 200 pesos, sumado a un pago extraordinario -una especie de cuota aguinaldo- en diciembre de 1.650 pesos. A eso se le sumaban 15 pesos, justificados dentro de lo que llamaron ‘‘cuota societaria’’. El resto del dinero, 16.300 pesos, debía financiarlo el IPV, según consta en el contrato que se les entregó a los adjudicatarios y al cual accedió DIARIO DE CUYO.
‘‘Los voy a recibir ahora (a los adjudicatarios), posiblemente la semana que viene, para ver qué solución tenemos a mano. Vamos a evaluar varias alternativas, pero primero queremos hablar con la gente y saber todos los detalles posibles. Entendemos que hay un problema con el título de propiedad del terreno y tenemos que determinar cómo lo vamos a encauzar’’, explicó el último viernes el ministro de Infraestructura de la provincia, Tomás José Strada. El funcionario agregó que ‘‘es una lástima que la obra esté a medio terminar con la carencia de viviendas que hay en la provincia de San Juan’’.
El primer escollo que el Gobierno buscará resolver es el aspecto legal del terreno, donde además temen encontrarse con faltante de documentación que acredite, por ejemplo, cuánto pagó cada adjudicatario por los departamentos y que por su excelente ubicación hoy lo posicionan al complejo en un lugar inmobiliario muy atractivo. El segundo, es la depuración de ese padrón, que podría dejar a buena parte de las personas sin chances porque en el caso que ya hayan adquirido inmuebles, inmediatamente resultarían exentos de la operatoria del Instituto Provincial de la Vivienda. Y la tercera, y más importante para el Gobierno, es cuánto dinero cuesta terminar de construir el complejo y de dónde se sacarán los fondos, operatoria que debería encuadrarse en algún programa nacional.
‘‘Muchos pagamos el total del dinero a la cooperativa y como en mi caso, guardamos la documentación, pero conociendo la cosa por las reuniones que permanentemente se hacían, hubo mucha gente que vendió las carpetas por monedas y no sé qué papeles tengan para sostener la compra de los inmuebles’’, contó Estela (prefirió que no se conozca su apellido), una de las primeras personas que se metió en la operatoria. Otro de los perjudicados, agregó que ‘‘acá tiene que existir una voluntad política para destrabar esto. Habiendo una decisión, todo lo otro se soluciona de una u otra manera’’.