“El Ianigla no puede ser juez y parte”. Con esta frase, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, Ricardo Villalba, le cerró la puerta definitivamente a la invitación a ser parte del equipo que va a realizar la auditoría ambiental en la provincia para saber si la actividad minera afecta los glaciares, la que había cursado públicamente y que quedó plasmada el miércoles pasado en el decreto 1.246 (ver recuadro).
Con el “no” sobre la mesa, quedan ahora en carrera el cuerpo de técnico que aportará el Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares (todos de distintas áreas del Gobierno provincial) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La semana pasada el gobernador Gioja dijo en rueda de prensa que no habrá “por ahora” auditorías externas, a pesar que en el pasado mes de noviembre se barajó la posibilidad de que las haga un equipo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, que depende de la ONU), pero éste se disolvió hace unos meses y al menos esa posibilidad quedó trunca.
Esto ocurrió en momentos en que el Gobierno provincial encaró la semana pasada esta medida para dar cumplimiento a los artículos 8 y 15 de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, que fue sancionada en el 2010 y que luego estuvo frenada debido a un puñado de medidas cautelares que interpusieron distintos actores, pero que desde el 3 de julio pasado la Corte Suprema de Justicia puso en plena vigencia. Villalba se mostró sorprendido cuando se le consultó si le había transmitido esta negativa a las autoridades locales, porque aseguró que “yo al Gobierno de San Juan le expliqué lo mismo que a usted: no podemos formar parte”. Según el profesional, tampoco pueden brindar asesoramiento: “Que quede claro que la función fundamental del Ianigla es coordinar el inventario nacional, y nosotros no estamos autorizados a participar de ninguna auditoría ambiental”, dijo.
Eso sí, se puso a disposición de las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan en el caso que necesiten información que les sea útil para que avancen con el inventario provincial de glaciares, que una vez que la UNSJ lo tenga finiquitado, pasará por los ojos de los técnicos del instituto nacional, que a su vez serán auditados por algún otro organismo externo, aún no definido, precisó Villalba.
¿Cómo sigue?
Así las cosas y con el Ianigla fuera de carrera, la Unidad Especial de Auditoría Ambiental (UEAA) quedará formada por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello; el subsecretario de Recursos Hídricos, Jorge Millón; y el secretario de Gestión Ambiental y Policía Minera, Marcelo Ghiglione, todos integrantes del Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, organismo dependiente del Estado provincial. Mientras que la “pata” académica, la aportará la UNSJ con el Instituto de Geología, el Departamento de Geofísica y Astronomía y el Departamento de Geología (todos pertenecen a Ciencias Exactas); y el instituto de Investigaciones Hidráulicas (está baja el ala de la Facultad de Ingeniería).
En lo político, la no presencia del Ianigla puede acarrear algún dolor de cabeza, en virtud que la semana pasada el propio Gobernador resaltó (cuando anunció la firma del decreto) que “con el asesoramiento de quienes están colaborando con la realización del inventario de glaciares y si podemos sumar al Ianigla, empezaremos a hacer las auditorias que nos pidió la Justicia”. De todas formas, igual van a hacer las auditorías y más aún sabiendo que ya está corriendo el plazo de 180 días que exige la Ley de Glaciares desde el momento de promulgada la ley, en este caso se toma la fecha en que la Corte la puso en vigencia, el 3 de julio de 2012. Un funcionario dijo por lo bajo la semana pasada que “cuanto más gente participe, menos dudas se van a generar en torno a esto”.