Primero fue el jefe comunal de Caucete, Julián Gil, quien apenas asumió dio dos claras señales de las grandes satisfacciones que nos daría a los medios de comunicación: se aumentó el sueldo de manera escandalosa y nombró a toda su familia en la planta política del municipio. No fue el único que cometió ese error: otro basualdista, Miguel Atámpiz, de Zonda, hizo más o menos lo mismo. Tal vez sin la impunidad del primero, pero compartiendo filosofía. Y esta semana nació una nueva estrella en este competitivo ambiente de las torpezas políticas: el peronista Mario ‘Cacho’ Martín. El bueno de Cacho, jefe comunal de Sarmiento, no tuvo mejor idea que chivar la ropa que llevaba puesta en una entrevista de TV, al mejor estilo de la farándula porteña. Más allá del obvio mal gusto y la gracia que provocó la ocurrencia del político, ¿hay algún posible delito en el chivo (canje) televisivo? Mientras el lector debate la respuesta, hay otro cuestionamiento que cala incluso más hondo que el anterior: ¿por qué algunos dirigentes -afortunadamente cada vez menos- piensan que pueden manejar el Estado como si fuera propio, sin regla alguna?

Para analizar el extraño caso de ‘Cacho’, bien vale remontarse a los archivos. A Jorge Escobar lo echaron por usar máquinas y trabajadores de la provincia en su finca. El exvicepresidente Amado Boudou va camino a la condena por haber aceptado viajar gratis en el helicóptero y el avión de un empresario contratista del Estado cuando podía hacerlo con dos helicópteros que le había preparado la Fuerza Aérea para un acto en Buenos Aires apenas asumió. A la exsecretaria de Ambiente, Romina Picolotti, la procesaron por usar plata de su repartición para pagar estupideces como ‘platos de quesos y fiambres, gin tonic, bellini, copa de vino y gaseosa’, ‘una piedra aromatizada’, ‘pañuelos descartables y analgésicos; pilas Duracell y una barra de cereal; sal, Tafirol, papel higiénico e Ibupirac’, según el procesamiento firmado por la jueza María Servini de Cubría. Es decir, los argentinos somos capaces de hacer esas cosas. ‘Quiero agradecer a Mónaco que me viste y a zapatería Nico (o algo similar)’, le dijo el intendente a la periodista Daniela Pinardi, de Telesol, donde se originó todo este lío. No dijo algo como ‘quiero agradecer a las empresas que trabajan en mi departamento, las que promociono permanentemente, porque dan mano de obra a los sarmientinos. En este caso voy a mencionar a Mónaco y Nico, que les han dado calzado y vestimenta a los chicos de la escuela…’, por ejemplo. En cambio dijo, ‘…que me viste…’. ¿Hacen falta más pruebas?

¿Cacho debería ser investigado? Es ahí donde empieza el debate entre abogados. Algunos, consultados por este diario, piensan que sí, porque supuestamente el intendente se benefició con la ropa que chivó. Y otros dicen que no, porque con el video no alcanzaría para probar que el jefe comunal se benefició personalmente ni que dio una contraprestación a cambio. Para ser más gráfico, uno de los letrados consultados dijo de manera textual: ‘Si Martín tiene una factura por el valor de la ropa que usa, no hay nada que investigar, lo del chivo hasta puede ser un favor a las empresas’. El Código Penal Argentino dice: +Será reprimido con reclusión o prisión de tres años y seis meses a ocho años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones’. En resumen, con el video solamente no alcanzaría, aunque si el Tribunal de Cuentas o un concejal opositor quisieran investigar tendrían elementos suficientes para al menos iniciar una pesquisa. La factura es fácil de conseguir, por supuesto. Pudo haberla encontrado el día posterior de la entrevista con la periodista Pinardi. U hoy después de leer esta nota, según las ansias de revancha que al hombre le nazcan. Veremos.

Pero si Cacho no tiene la factura y recibió la ropa, estamos hablando, primero, de una gran torpeza del jefe comunal y, segundo, de una vieja costumbre argentina, además de un delito: no entender el significado de la palabra +mandatario+. Mandatario es aquel que está mandado para algo. No es dueño. Es quien está ahí por la designación que le hizo alguien, que en el caso de los intendentes como Cacho, Julián Gil, Miguel Atámpiz o cualquier otro jefe comunal o funcionario, es para conducir los destinos de un conjunto de gente. Nada más. No son dueños de la plata que manejan, de la oficina que ocupan, de la camioneta que los traslada, de las influencias que generan, ni de nada. No son dueños de colocar a toda la familia en el Gabinete ni de usar los autos para ir a buscar los nietos a la escuela. Ni tampoco de recibir ropa a cambio de un chivo televisivo. Son dueños de hacer las cosas bien y de tratar a los bienes y presupuestos del Estado como si fuesen del Estado, no propios.

Aún persiste entre muchos dirigentes políticos aquélla frase de ‘te salvaste si llegaste a ser intendente’. Obviamente no son todos y gracias a vaya uno a saber qué cosa, la gente ya los empezó a identificar. Quien hace bien las cosas tiene premio, quien las hace como estos muchachos, termina como Juan Elizondo, Pablo Santibáñez, Robert Garcés, Emilio Mendoza o tantos otros que ya no pueden ni siquiera pensar en acercarse a ocupar un cargo electivo.