Ante la catarata de renuncias en la comisión directiva del Colegio de Magistrados, el presidente de la entidad, Roberto Pagés, no descartó la posibilidad de que su mandato termine antes de lo previsto. El juez aseguró que en el caso de que se vayan más miembros, se llamará a asamblea y “si hay que hacer elecciones anticipadas, no voy a tener ningún inconveniente en hacerlas”. Si bien dijo que los motivos de los 7 miembros que dimitieron (de un total de 18) fueron por cuestiones personales y de salud, fuentes confiables destacaron que en el seno de la institución hay molestias con el presidente, porque consideran que debería haber dado un paso al costado hasta que se resuelva su situación en el caso de las expropiaciones, en donde está en la mira de Fiscalía de Estado por presuntas irregularidades, para que la entidad no quedara salpicada por el escándalo. Y en ese escenario, negó que fuera a renunciar, pero consideró la alternativa de tomarse una licencia: “No la descarto ni la afirmo. Puede ser: tomarme una licencia y que otro siga la conducción para terminar esta gestión”, expresó.
El mandato de Pagés, que culmina en diciembre de este año, está en riesgo, ya que si quedan menos de 9 integrantes en la comisión directiva, se debe llamar a asamblea general y convocar a elecciones, según establece el estatuto del Colegio. Hasta el momento, de los 18 miembros, 7 han pegado el portazo y 2 más están evaluando seguir el mismo camino, lo que deja al descubierto un síntoma de alejamiento. El actual camarista civil no lo consideró un golpe a su conducción, pero admitió que “llegado el caso que renunciara más gente, se llamará a asamblea y se convocará a elecciones. La institución tiene que seguir”.
Ante la consulta si atribuía las renuncias a la inestabilidad interna, el juez manifestó: “Ni atribuyo ni dejo de atribuir. Soy respetuoso de las decisiones de mis colegas” y agregó que las dimisiones no se produjeron todas este año sino en distintas épocas. Debido a la exposición por el tema de las expropiaciones y por otras actividades que tiene en mente, Pagés manifestó que “puede ser” que “me tome una licencia”.
En el entorno de la institución también circularon cuestionamientos que señalaban que el magistrado se había mostrado crítico contra fiscales y defensores oficiales, y que no había acompañado el reclamo de equiparación de los salarios de los jueces de Paz con los de sus colegas de otros fueros. Pagés rechazó enérgicamente esas versiones y aseguró que “nunca hablé mal de fiscales y defensores, y tampoco he dejado de apoyar el reclamo de la Justicia de Paz. Todo lo contrario, tengo notas firmadas en la Corte de Justicia, conjuntamente con esos magistrados, pidiendo la equiparación salarial y la mejora en su estructura. He escrito a favor de la defensa pública y de los fiscales. Esas versiones son mentiras y de mala intención”.
El magistrado fue el titular del Cuarto Civil y el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, ha declarado en varias ocasiones que mientras estuvo al frente del tribunal pasaron expedientes de expropiaciones en los que hubo supuestas anomalías. La gestión giojista radicó una denuncia ante la sospecha de que existió una red delictiva conformada por jueces, funcionarios y abogados que inflaron los valores de los terrenos que el Estado expropió para que se pagaran sumas millonarias. Por el escándalo hay una causa penal en trámite, en la que se están indagando a 10 sospechosos y hay un pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el juez Carlos Macchi, del Quinto Civil. Contra Pagés aún no hay ningún planteo para destituirlo de su cargo, pero Fiscalía de Estado lo tiene bajo la lupa. Frente a esos cuestionamientos, según las fuentes, hubo molestias entre los miembros del Colegio consideraban que debía alejarse temporalmente de la presidencia hasta que se aclarara su situación, ya que entendían que la entidad queda involucrada en el escándalo y que cada movimiento que haga puede interpretarse como una defensa corporativa del presidente.