Pese a los avances en materia asistencial y previsional de los últimos años, nuestros ancianos están lejos de la vida digna que gozan los adultos mayores en las naciones desarrolladas en su última etapa de su vidas. En nuestro país es una situación compleja donde intervienen desde el desamparo familiar hasta las postergaciones jubilatorias.
No siempre salen a la luz las condiciones en que los ancianos sobreviven en establecimientos geriátricos, destino obligado cuando el entorno familiar no puede asumir la atención de una persona dependiente. Y si bien en esos lugares puede recibir un servicio de primera -algo también dudoso- jamás tendrán la contención y el afecto de sus seres queridos. Las obligaciones impuestas por el ritmo de vida implacable de nuestros días, hace de la vejez un peso insostenible para las personas activas.
El Estado tiene variados canales de asistencia y prevención e intenta solucionar los reclamos apremiantes, o dictando medidas contra injusticias u olvidos. El gobierno porteño, por ejemplo, tiene un área específica para recibir denuncias por maltratos en una línea gratuita y de los números se desprende un crecimiento del 35% de denuncias por maltratos de ancianos en lo que va del año, con respecto al primer semestre de 2013. Lo más doloroso es que el 47% de los llamados es por violencia psicológica en el seno familiar y un 75% de mujeres maltratadas y abandonadas.
La principal causa de maltrato a los ancianos es por necesidades insatisfechas de vivienda, salud y alimentos, es decir aflora la cuestión económica, difícil de sostener con el mínimo jubilatorio de de 2700 pesos que cobra la mayoría de los pasivos. De allí que el Programa Proteger de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el más avanzado en esta situación problemática, se realice descentralizado, en seis sedes, con más de 38.000 intervenciones y el seguimiento de unos 6000 casos por parte de un equipo interdisciplinario que brinda ayuda emocional, consejos prácticos, asesoramiento legal, resguardo judicial, y un lugar donde vivir hasta que el problema se resuelva.
Es un modelo a seguir para atender al anciano, pero también todos los organismos públicos deben cumplir con los derechos y las garantías que asisten al adulto mayor. Con prestaciones que sólo aumentaron un 12% en lo que va del año, la Anses apelando fallos -tiempo de vida que se agota- y un PAMI empobrecido, las injusticias y la vulnerabilidad seguirán creciendo.