Cuando todo parecía que en Ecuador se estaba logrando restablecer la calma, después de la sangrienta ola de violencia protagonizada la semana pasada por delincuentes vinculados a grupos mafiosos y de narcotraficantes, responsables de ataques en sitios estratégicos mientras se concretaba una masiva fuga de la Cárcel Regional de Guayaquil de encumbrados líderes de esas agrupaciones, a plena luz del día y con una impunidad absoluta se produjo el asesinato del fiscal César Suárez, a cargo de las investigación de la toma por parte de un grupo armado de un canal de televisión, un hecho de terrorismo sin precedentes en el país. En la consideración de las autoridades el mensaje es claro, en relación a que apunta a amedrentar a la Justicia en su tarea de esclarecimiento de los hechos para dar con los responsables de los acontecimientos que han dado lugar a que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, haya declarado al país en un estado de ‘guerra interna” contra las organizaciones que llevan adelante el crimen organizado trasnacional.
El asesinato del fiscal ha agitado nuevamente las aguas desde el momento en que el gobierno de Ecuador ha repudiado este hecho y ha ratificado su compromiso de apoyar a la administración de justicia en el marco de este atropello contra una de las instituciones fundamentales del país. Acertadamente el presidente Noboa ha advertido que si el crimen organizado, que está intentando adueñarse del país, es capaz de desconocer la autoridad de la Justicia, no tendrá ningún reparo en desconocer a todas las demás instituciones democráticas. Un antecedente lamentable que hace temer por la seguridad en los demás países de la región.
En nuestro país, también la semana pasada se conocieron las intimidaciones contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR), quien ante las graves amenazas de grupos de narcotraficantes debió sacar a su familia de la provincia y reforzar su seguridad privada.
Estas amenazas vienen sucediéndose desde que Pullaro asumió el cargo, en diciembre último, e implementó medidas como la de reagrupar los pabellones carcelarios de la penitenciaría de Piñero en los que se encuentran los presos de alto perfil de las bandas mafiosas como la de Los Monos.
De todas maneras estas intimidaciones ya se han venido sucediendo en Santa Fe desde hace tiempo, desde la época del gobernador socialistas Antonio Bonfatti que fue blanco de un ataque con 21 balazos en momento en que el mandatario estaba en el interior de su vivienda, lo que demuestra que la inseguridad actual se ha estado gestando desde hace tiempo.
Prevenir de que en el país no suceda lo mismo que en Ecuador debe ser un objetivo primordial, ya que es inconcebible que en naciones con una sólida organización institucional estos grupos criminales puedan ejercer un poder que mantiene en vilo a las respectivas comunidades y los propios Estados.