�La denuncia que dio origen a la investigación había sido presentada en el 2008 por la diputada Elisa Carrió que sostuvo que desde el anterior gobierno se había estructurado una asociación ilícita para sustraer fondos públicos a través de empresarios ligados al poder. En aquella denuncia, había pedido investigar al fallecido expresidente Néstor Kirchner, De Vido y Báez, y a las las firmas Austral Construcciones S.A., Gotti S.A., Kank y Costilla S.A., Badial S.A. y Sucesores de Adelmo Biancalani S.A., entre otras. La diputada y los fiscales habían sostenido luego que los ilícitos denunciados habrían comenzado a fines de 2003 y que, en general, se relacionaban con los contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas. Años más tarde, se sumó a la denuncia la diputada Margarita Stolbizer.
