La inédita decisión anunciada por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de pedirle la renuncia a todos sus ministros para llevar a cabo una amplia remodelación del Gabinete ha abierto una profunda crisis política a sólo catorce meses de su regreso a La Moneda.
En un hecho sin precedentes en la reciente historia de la democracia chilena, la Presidenta de la República anunció la noche del miércoles que había pedido la renuncia de todos los ministros de su Gabinete y que se tomará un plazo de 72 horas para decidir ‘quiénes se marchan y quiénes se quedan‘ en el Gobierno.
El único ministro que ha sido ratificado en el cargo es el canciller, Heraldo Muñoz, quien se encuentra en estos momentos en la ciudad holandesa de La Haya encabezando la delegación chilena que ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se inhiba en la demanda presentada por Bolivia para tener un acceso soberano al océano Pacifico.
La remodelación del gabinete se da en momentos en los que la popularidad de la presidenta Bachelet ha caído por debajo del 30 por ciento, el nivel más bajo en toda su trayectoria política, afectada por los escándalos político-financieros que están siendo investigados por la Justicia y que han dañado la imagen del Ejecutivo, además de salpicar a su propia familia.
Las imputaciones terminaron por contaminar el círculo más cercano de Bachelet, incluido el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien no ha logrado aclarar satisfactoriamente la recepción de honorarios procedentes de empresas vinculadas a los casos investigados en plena campaña electoral en el 2013.
Pero, sin duda, el golpe más duro para Bachelet ha sido el que su propio hijo, Sebastián Dávalos, esté involucrado en un negocio inmobiliario que le reportó millonarias ganancias y que esté siendo investigado por eventual tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada por un millonario préstamo otorgado a una sociedad de la nuera de Bachelet.
La mandataria admitió que el caso de su hijo y nuera destruyó más la confianza del país.
Para hacer frente a este deterioro de las instituciones y la pérdida de apoyo, Bachelet ya había anunciado días antes un duro plan anticorrupción así como el inicio en septiembre de procesos de consulta popular para la elaboración de una nueva Constitución que reemplace a la vigente desde 1980, aprobada en plena dictadura de Augusto Pinochet.
La decisión de remodelar su gobierno cuando apenas han transcurrido catorce meses desde su retorno a La Moneda ha recibido el apoyo de todos los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, si bien algunos han criticado que lo anunciara en un programa televisivo de entrevistas.
El presidente de la oficialista Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, señaló que ‘el anuncio fue muy oportuno‘, pues ‘puede ayudar a generar condiciones para que avancemos seriamente sobre recuperar la confianza y la credibilidad‘.
‘Decir que se va a revisar todo el gabinete es coherente con la percepción de una crisis política significativa que tenemos en el país y, por lo tanto, el anuncio es bastante coherente con la coyuntura‘, opinó el analista político Claudio Fuentes.
Desde la oposición, el senador José Manuel Ossandón, del Partido Renovación Nacional, sostuvo que ‘lo importante es que ella (Bachelet) tenga la capacidad de hacer un cambio de Gabinete que nos muestre un importante cambio de ruta‘.
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