Al realizar una serie de allanamientos ordenados por el Tercer Juzgado de Instrucción, la Policía le pisaba los talones a Pedro Rodrigo Bustos, el proveedor de la comuna caucetera sobre el que recae una variada gama de sospechas: la de cometer múltiples estafas, de hacerse pasar por funcionario municipal para hacer negocios y tener una estrecha relación con el intendente Julián Gil. Sin embargo, el polémico comerciante no pudo ser localizado y le pidió a la Justicia no quedar preso ante un llamado de indagatoria. Ahora, el magistrado Guillermo Adárvez debe resolver el planteo que presentó su abogado.
El juez mandó a detenerlo por la denuncia que realizó Rubén García, quien le vendió a Bustos una camioneta y se topó con un problema mayúsculo: el sospechoso le pagó con cheques que no tenían fondos. No es la primera vez que el proveedor realiza una maniobra delictiva con vehículos, ya que cuenta con 4 denuncias similares en los últimos meses. Y lo más grave es que en muchas de ellas aparece ligado al jefe comunal y su gestión (Ver cronología). Por si fuera poco, Bustos también figura en las escuchas telefónicas del escandaloso caso de la AFIP, en el que gestionó facturas truchas para justificar gastos supuestamente inexistentes del municipio y habla de Gil como si fuera parte del negocio (Ver recuadro).
Por el momento, Bustos no está imputado en la causa que inició el organismo fiscal y que lleva adelante la Justicia Federal, pero fuentes calificadas no descartaron que quede involucrado. En donde lo están buscando para que dé explicaciones es en el Tercero de Instrucción. El juez libró la orden de detención sobre fines del mes pasado y la Policía realizó 7 allanamientos en domicilios de Santa Lucía, Rawson, Capital y Rivadavia en los que solía moverse, revelaron las fuentes. Sin embargo, no hubo rastros del sospechoso y su abogado defensor presentó un pedido de eximición de prisión.
Además de las maniobras en la compra de vehículos, Bustos prestó servicios y fue proveedor de la comuna caucetera. Según había reconocido el propio intendente, realizó la estructura de la pantalla de la diagonal, llevó a cabo trabajos de bacheos y brindó servicios de seguridad en la fiesta departamental de la Uva y el Vino. A medida que fueron apareciendo las denuncias que ligaban al sospechoso con el municipio, Gil siempre negó que éste actuara bajo su amparo y que fuera funcionario, además de descartar cualquier otro vínculo. Sin embargo, en la oposición barajan la hipótesis de que hacía uso de su relación con la comuna para llevar a cabo sus propios negocios. El jefe comunal fue sometido a una interpelación por parte del Concejo Deliberante en donde explicó las obras y los servicios que prestó el implicado. De todas formas, los ediles opositores se fueron con dudas, ya que Bustos aparecía en las fotos de viaje de la comitiva oficial. Luego de la presión, el intendente terminó radicando una denuncia contra el proveedor debido a que había usado un sello de funcionario para retirar un auto de una concesionaria.
Sobre el proveedor caucetero pesan otras acusaciones de particulares. En el Quinto Juzgado de Instrucción también es investigado por alquilarle 4 camionetas a Julián Maidana, a quien nunca le pagó ni le devolvió las unidades. Y en el Primero de Instrucción también existe una causa idéntica, que inicio Pablo Ormeño, la víctima de Bustos.