El Gobierno nacional presentó al Congreso el proyecto de presupuesto para 2011 y el ministro de Economía dio detalles del borrador ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Amado Boudou, informó que se incluye una pauta de crecimiento de la economía de 4,3 por ciento, una inflación de 8,9 y una previsión del tipo de cambio de 4,10 pesos por dólar.
En el plenario de la Cámara Baja, el funcionario anticipó que en 2011 se utilizarán reservas para cancelar deudas por 7.509 millones de dólares y, de acuerdo con su exposición, se incluirá un artículo para la implementación del Fondo de Desendeudamiento, que permitirá pagar deuda por esa cifra con reservas excedentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En esta materia aparece uno de los aspectos cuestionables del proyecto oficial, ya que el artículo 50º autoriza al Poder Ejecutivo a realizar pagos de la deuda a los acreedores privados con las reservas del BCRA.
Se trata de una cifra considerable que el Tesoro absorberá de las reservas del Banco Central para pasar 2011 sin volver al mercado de capitales, pese a las bajas de interés internacional que le permiten al resto de la región refinanciar su deuda sin ajuste. Esto incluye el pago de 2.200 millones de dólares por el pago del cupón ligado al PBI. No obstante, la presidenta Cristina de Kirchner asegura que, pese a haber usado 4.664 millones de dólares de las reservas, los activos superan los 51.000 millones de esa moneda.
Sin haberse decidido a recibir el informe de las universidades que critican la forma como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) construye el índice de precios al consumidor (IPC), el ministro de Economía asegura que este año ese cuestionado índice finalizará en el 10,3%; desde enero suma el 7,5%, aunque la mayoría de las consultoras independientes estima que ya asciende al doble. La inflación es innegable: para la mayoría de los economistas privados ya tiene un piso superior al 25% para 2010, lo cual agrega otro condimento polémico al proyecto de la CGT de distribuir el porcentaje de las ganancias empresarias entre los trabajadores.
Al no existir el ajuste de balances por inflación, que de por sí eleva la presión tributaria, cabe preguntarse si lo que se repartirían serían ganancias reales o contables. Pretender prever el futuro en base a proyecciones falsas no hace a un país serio ni previsible.