Gracias a una ley aprobada ayer en la Cámara de Diputados, el Estado provincial ya está habilitado a mandar a desguazar los vehículos secuestrados que no están en condiciones de circular. La primera tanda a destruir será de 50 autos y 50 motos, lo que equivale a unas 55 toneladas de chatarra que serán vendidas a la empresa que haga la tarea. El Ministerio de Gobierno está trabajando en los pliegos de bases y condiciones con la intención de llamar a licitación cuanto antes, pero todavía no hay una fecha precisa.

La ley era muy esperada por las autoridades de la cartera que dirige Adrián Cuevas, ya que le da al Estado otra vía para continuar con el proyecto de limpieza de las depósitos oficiales que están atestados de movilidades desde hace años. Antes de la norma, la provincia estaba habilitada únicamente a subastar los vehículos que pueden seguir circulando y no tenía forma de sacarse de encima los que ya no sirven.

Para poder compactarlos, hace falta cumplir una serie de requisitos. La ley determina que tiene que haber transcurrido más de un año sin que el propietario reclame el vehículo y que el Estado lo debe poner a su nombre a través de un trámite que hace en la Dirección Nacional del Registro de Propietarios del Automotor.

La autoridad de aplicación es la Secretaría de Gobierno y Justicia, cuyo titular, Juan Romero, dijo que la primera tanda que irá a desguace está compuesta por 50 automóviles y 50 motos. Un auto reducido implica, en promedio, una tonelada y 10 motos equivalen a otro tanto, por lo que se estima que ese lote de rodados dejará 55 toneladas de morralla.

El desguace lo hará una de las empresas itinerantes que hay en el país y para eso hay que llamar a una licitación que pase las fronteras de San Juan. La firma privada le pagará un monto de dinero a la provincia por llevarse la chatarra y ese dinero irá a cuenta del costo que tiene el operativo que, además, incluye las tareas de descontaminación (limpieza de fluidos) de los predios donde están apilados los automotores.

Por ahora no se sabe cuándo debutará el mecanismo. Romero no dio fecha, pero aseguró que será pronto porque quieren liberar lo antes posible los depósitos. Actualmente hay tres en funcionamiento, la ex CAVIC, uno en Pocito y otro en Ullum, y como ya no dan abasto, el Gobierno adquirió un terreno en 9 de Julio para montar uno más.

En total hay algo más de 10 mil automotores radiados en San Juan por contravenciones o por haber sido utilizados en algún hecho delictivo y la cifra aumenta significativamente año a año. De ese número, un 30 por ciento está bajo la órbita de los juzgados de Faltas que dependen del Ejecutivo y el resto es parte de causas que se abrieron en la Justicia Penal de la provincia y otras jurisdicciones del país.

Los remates y desguaces son clave para reducir la cantidad de vehículos, de manera de recuperar los terrenos donde funcionan los depósitos y hasta las comisarías que parecen una chacarita. Aunque para conseguir el objetivo no alcanza con el esfuerzo del Ejecutivo, teniendo en cuenta que la mayoría de las movilidades dependen de la Justicia.

La gestión giojista ya tiene caminado el plan para librarse de los rodados que están bajo su control, pero el Poder Judicial no ha dado respuestas en ese sentido con los suyos. Los vehículos que fueron liberados en causas penales quedaron bajo el control de la Corte, jamás salieron a remate y no se sabe si ahora irán a desguace. Salvo unos pocos entregados a instituciones en depósito judicial, siguen en el mismo sitio y son el motor principal del colapso.