Previo a tomar una decisión sobre si le concede la excarcelación o lo manda a detener, el juez federal Leopoldo Rago Gallo necesita contar en sus manos con la planilla prontuarial de Germán Alejandro Montivero Belmonte, uno de los tres sospechados de haber participado en maniobras de borrado de deudas impositivas de contribuyentes con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de haber realizado operaciones fraudulentas de compra-venta de créditos fiscales. Pero el trámite ya lleva una semana de demora y no se sabe cuándo se va a solucionar, según dijeron ayer fuentes del caso.

En esta planilla, que maneja la División Antecedentes Personales de la Policía de San Juan, figura el historial de cada persona, con la constancia de si ha sufrido condenas por haber cometido un delito o si tiene un pedido de detención anterior. En cualquiera de ambos casos, los datos son vitales para que el magistrado que investiga la causa pueda definir si le concede el beneficio de la eximición de prisión, tal cual ha planteado su abogado defensor, Guillermo Toranzo, o insiste con el pedido de captura que pesa sobre el joven.

Por orden del juez, el viernes 3 de junio efectivos de la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal e inspectores de la delegación local de la AFIP realizaron un allanamiento en una casa del Barrio Frondizi, en Rivadavia, donde se supone que residía Montivero Belmonte, pero no lo pudieron encontrar porque hacía unos 6 meses que había dejado de vivir en el lugar, porque en realidad se trataba del domicilio de su padre. A partir de ese momento, el magistrado federal ordenó que continúe su búsqueda hasta detenerlo y fue ante esa situación que la defensa puso como condición para entregarse que le garantizaran que no iba a quedar preso. Pero hay dos factores de peso que demoran que Rago Gallo acceda a ese pedido. Primero, que si no está la planilla prontuarial, donde figura el historial delictivo de las personas, el magistrado no puede avanzar en la decisión y segundo, que los otros dos imputados en el caso están en el Penal de Chimbas (ver aparte).

La investigación que lleva adelante el Juzgado Federal Nro. 2 de San Juan comenzó en el 2009, a partir de una denuncia que realizó la delegación local de la AFIP. Lo que habría llamado la atención de los funcionarios del organismo tributario fue la sospecha de que estaba operando una organización, que hasta podría haber tenido contactos entre los mismos empleados de la repartición, con acceso a las claves fiscales, que se dedicaba a buscar clientes para los ilícitos entre empresarios de San Juan y también de Mendoza, con obligaciones impagas con la institución impositiva. Uno de los ilícitos que cometían era el borrado de deudas que las sociedades tenían con el fisco. La otra maniobra era que, al parecer, el grupo estaba vinculado con la creación de firmas que simulaban ser prestadoras de otras empresas para fingir operaciones y luego comercializar el crédito fiscal obtenido, por ejemplo producto de tributos como el IVA y Ganancias.