Antecedentes:
Cada concejal en Rivadavia manejaba un fondo, dispuesto por ordenanza, para ayudar a personas carecientes en el departamento. La suma oscilaba entre los 1.000 a los 1.500 pesos. Ese dinero lo rendían mediante una planilla en la que constaba el nombre y apellido del beneficiario de la ayuda, el documento, el importe y la firma. Pero en la investigación se detectó que los datos eran falsificados.