El proyecto de participación de los empleados en las ganancias de las empresas, presentado en el Congreso de la Nación por el diputado Héctor Recalde, asesor de la CGT, involucra a todas las empresas privadas y estatales, aunque se implementaría por etapas, comenzando por las de mayor tamaño.

No estarían comprendidos los empleados de dependencias estatales autónomas o autárquicas, los de cooperativas y de entidades sin fines de lucro, el personal doméstico y los encargados de edificios, los empleados locales de embajadas y de organismos internacionales y, quienes trabajan por cuenta propia.

Pero para poder entender la esencia de este proyecto, conviene previamente tener en cuenta algunos puntos. Un empleador es un inversor que asume riesgos en una actividad que derivará en ganancias o en pérdidas y que protege de dicho riesgo al empleado, asegurándole su salario y liberándolo de las pérdidas. Una ganancia es el resultado de dicha inversión de riesgo, permitiendo nuevas inversiones y empleos.

Por otra parte, un salario es la contraprestación por el trabajo realizado de quien no quiere o no puede ser empleador. Una ley es una norma siempre precedida por la costumbre y un prolongado debate multisectorial, que transcurre fuera del Congreso, como expresión genuina de la democracia participativa. Y la participación en las ganancias es una vía para incrementar el salario. Esa participación ya rige en la actualidad, pues el empleado participa de las ganancias del empleador al percibir diferentes rubros salariales y otros no salariales, como los beneficios sociales y las prestaciones no remuneratorias, ítems estos que son de pago voluntario e implican una renuncia también voluntaria a una mayor ganancia e incluso una disposición a un resultado a pérdida.

Así entonces, participar en las ganancias, no se resume en una suerte de accionariado obrero, ni en la asunción más que cómoda de asomarse al resultado del negocio cuando hay ganancias y abstenerse, bajo la certeza del salario y de la legislación protectora, cuando se presentan pérdidas. Es mucho lo que hay que cumplir en materia laboral; ante todo legalizar los trabajadores en negro, que representan el 36% del total de la masa ocupada en relación de dependencia.

La población no espera tanto el cambio de la ley sino el cumplimiento de las ya existentes. Argentina puede ser un país con reglas de juego estables y con la convicción de que la ganancia no es un problema de reparto sino de generación.