Una cuarta parte de los jubilados y pensionados de San Juan quedó arbitrariamente fuera del anuncio formulado por la presidenta la semana pasada, acerca de los 500 pesos como suma extraordinaria y pagadera en diciembre próximo, únicamente para aquellos que ganan hasta 1.500 pesos mensuales. El clima de malestar en torno a la discrecionalidad del corte estalló casi en simultáneo con el mensaje emitido en cadena nacional.

Curiosamente una decisión solidaria con los segmentos más vulnerables, que sólo debiera generar respaldo popular, provocó cierto disgusto. Y fue legítimo que ocurriera. Nuevamente el trabajador retirado que destinó durante décadas buena parte de su salario a la caja de jubilaciones, quedó relegado y condenado al achicamiento de su poder adquisitivo. El problema es más profundo que este episodio de fin de año y merece ser puesto en perspectiva.

"Las prestaciones de la seguridad social integran el concepto de los derechos humanos", dijo tajante el abogado Walter Carnota, miembro de la Cámara de Seguridad Social de la Nación. Pasó por San Juan especialmente invitado por el Foro de Abogados para referirse a los reclamos de movilidad jubilatoria.

"El reclamo por la vía que fuese -administrativa, judicial, del litigio y del no litigio- es sin duda un tema que hace a los derechos humanos", insistió el letrado, autor de numerosas publicaciones sobre la materia.

Sin embargo, apuntó que la judicialización del reclamo previsional es lenta, larga, muchas veces inviable para el adulto mayor y sus urgencias biológicas. "Judicializar esto implica edificios que se derrumban, litigios de años, pleitos que terminan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de 10 años de pleitos en gente de un colectivo vulnerable de mucha edad. La solución no la tiene tanto el Poder Judicial sino los poderes políticos", apuntó Carnota, en clara referencia al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Felizmente el anuario 2010 anotará la discusión sobre las jubilaciones, más allá de que el resultado haya sido nulo, en medio de los discursos oportunistas y las realidades presupuestarias.

Frente a la falsa disputa entre jubilados "con aportes" y "sin aportes" (en San Juan ya se entregaron 40.000 beneficios de este tipo), Carnota puso sobre la mesa otro tema más abarcativo, que permitirá en el largo plazo salir de la horca: rescatar la cultura del aporte. "Hay que priorizar el tema del aporte que se pueda hacer y del beneficio que se recibe en función de ese aporte", explicó el abogado.

Según cifras oficiales del INDEC, el 36,5 por ciento del empleo en Argentina está en negro. Puesto en otros términos, casi cuatro de cada diez argentinos no están realizando aportes de ningún tipo. La cifra es mucho mejor que el valor de 2003, cuando el trabajo no registrado marcaba casi el 50 por ciento. Pero no hay motivos de festejo.