El paro organizado por la CGT, el pasado 24 de enero, nos refleja que el poder de convocatoria de los sindicatos que lo integran dejó de ser convocante. Si bien la plaza de Los Dos Congresos se encontraba llena y a la vista parecía importante, lo cierto es que el acatamiento no fue masivo, muchos empleados públicos concurrieron a sus lugares de trabajo, el comercio trabajó a pleno y la indiferencia de la gran mayoría de la sociedad fue total.
Más que una convocatoria gremial, parecía una partidaria ya que contaba con la presencia de Madres de Plaza de Mayo, agrupaciones cómo La Cámpora y movimientos sociales, todos adeptos al peronismo o sus socios de "izquierda".
Según Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, existen 12.936.881 empleos formales en Argentina, de los cuales 3.383.991 empleos asalariados pertenecen al sector público, 1.903.954 corresponde a monotributistas y el resto corresponde a industrias y comercios (datos a enero de 2023). Del total de trabajadores, el 46,9% declaró ser asalariado con descuento jubilatorio (es decir, que percibe un salario registrado o "en blanco"), mientras que el 27,3% dijo cobrar un salario, pero no cuenta con esos beneficios (lo que se denomina un sueldo no registrado o "en negro"), en tanto, un 22,2% de las personas aseguró que trabaja por cuenta propia. Es muy importante conocer estos datos ya que hoy "el poder sindical" es mínimo ya que sólo el 20%, aproximadamente, de los trabajadores formales (13 millones aproximadamente), hacen aportes gremiales, es decir que están afiliados a un sindicato, lo que significa que sólo 2,6 millones de trabajadores pertenecen a algún gremio, de un total de casi 26 millones de trabajadores del país.
Esta es la realidad de la CGT hoy. Dejó de ser una entidad confiable para el trabajador argentino, ya que el proceder de los secretarios generales de los diferentes sindicatos demostraron, con su accionar, que lejos de defender "el bolsillo" de sus agremiados, defendieron sus propios intereses y se convirtieron en dirigentes millonarios, todo gracias al aporte de los trabajadores agremiados que "estiran" sus salarios para llegar a fin de mes.
En San Juan el ejemplo es mucho más claro, ATE no supera los 1.500 afiliados sobre un total de 56.000 empleados públicos. El caso más emblemático es el de UPCN, que para poder incrementar sus afiliados, los gobiernos peronistas le abrieron la puerta de los municipios.
Cada vez es mayor la cantidad de trabajadores que deciden no estar afiliados al sindicato de su respectivo gremio ya que las actitudes de los "popes sindicales" sólo muestran poder para su enriquecimiento personal y nada hacen por sus agremiados. En términos generales podemos concluir que el paro del 24 de enero sólo fue una pequeña "escaramuza" y nos demostró que este sindicalismo, de ideología peronista, está totalmente agotado.