La luz naranja está encendida. Según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), el sistema jubilatorio argentino avanza ‘hacia una nueva crisis‘ producto de una mayor cobertura previsional, un ‘exacerbado‘ nivel de litigiosidad, y el crecimiento ‘intenso‘ en el pago de beneficios sin aportes que ‘conducen a desequilibrios que comprometen el futuro‘.
El estudio, que analiza los cambios experimentados en el sistema previsional en la última década, también planteó la necesidad de realizar una reforma previsional ‘que restablezca la equidad y sustentabilidad del sistema‘. Al presentar el documento, el director de la Escuela de Economía de la UCA, Patricio Millán, y el investigador Jorge Colina alertaron que ‘hay una crisis potencial importante‘.
Para reflejar la situación indicaron que la cobertura previsional se elevó entre el 2005 y el 2010 del 68 al 91 por ciento de la población mayor de 65 años; como contracara destacaron que el crecimiento en el pago de beneficios sin aportes -vía moratorias previsionales (llamada popularmente jubilación de amas de casa) y otorgamiento de pensiones no contributivas- ‘ha sido intenso‘.
Colina subrayó que ‘así se llegó a una situación en la que los beneficios contributivos (o sea las personas que aportaron) son ahora una minoría‘ y señaló que ‘el costo de esta mayor cobertura es que no hay sustentabilidad en el mediano plazo‘. ‘En el año 2011 se pagaron aproximadamente 6,5 millones de beneficios previsionales, de los cuales el 58 por ciento fueron otorgados sin aportes, y solo el 42 por ciento fueron beneficios otorgados con aportes‘, detalló. Asimismo, precisó que la tasa de sustitución del haber previsional con respecto al sueldo en actividad (es decir la jubilación que va a cobrar la gente que hoy está aportando) arroja para los salarios más altos una baja proporción (48 por ciento) lo que ‘promueve la política de juicios contra la Anses‘. A su vez, hubo un aumento ‘exacerbado‘ de la litigiosidad con la eliminación del régimen de capitalización y la ‘enorme licuación en el valor real‘ que sufrieron los haberes previsionales superiores a 1.000 pesos que entre el 2002 y el 2006 no tuvieron ningún ajuste pese a la mayor inflación. ‘Este incentivo a la judicialidad en algún momento va a explotar‘ auguró Colina, quien sostuvo que este intenso proceso de litigiosidad tendrá una fuerte incidencia negativa en la situación fiscal del país en los próximos años.
Por otra parte, los autores del estudio, también cuestionaron las inversiones realizadas con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que en muchas ocasiones se destinaron al Tesoro para financiar el déficit. ‘Muchas veces las inversiones que se hacen no son las mejores para asegurar los recursos para los futuros jubilados, sino que son para fines del gobierno. Buscar el máximo retorno para el FGS sería una buena administración, y eso hoy no está sucediendo‘, objetó Millán. Por eso, abogó para que haya un debate entre especialistas y el gobierno que analicen ‘este problema latente, que no va a ser una crisis ahora, pero si en el futuro‘.