El Gobierno nacional prevé correcciones económicas que no perjudiquen a trabajadores ni empresarios, según el jefe de Gabinete y el ministro del área, incluyendo una eliminación gradual de los subsidios a los servicios públicos, para evitar inequidades en perjuicio de la población más vulnerable.
Jorge Capitanich y Alex Kicillof señalaron la necesidad de hacer readecuaciones en las tarifas de electricidad y gas por las grandes diferencias existentes en el país y pusieron el ejemplo de lugares donde no hay red de gas y la gente debe pagar el precio de una garrafa mucho más alto que el sistema domiciliario. Lo mismo ocurre con las tarifas del transporte metropolitano, sostenidas por todos los argentinos aunque estén a miles de kilómetros de distancia. Esto en absoluto tiene que relación con la política de inclusión y de redistribución del ingreso, dice un estudio sobre el reparto de subsidios que en general favorece a sectores de ingresos medios y altos, en detrimento de los que menos tienen y viven en la precariedad.
Según un informe pormenorizado sobre la administración de los recursos destinados a subsidios, publicado por la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA), en las políticas sociales la prioridad debería ser "’apuntar al desarrollo de capacidades en los sectores más vulnerables, para que ellos puedan ser gestores de su propio progreso”.
Es decir, destinar este año 140.000 millones de pesos para mantener congeladas las tarifas, otorgar jubilaciones sin aportes, o elevar los ingresos a sectores carecientes, no garantiza la salida de la pobreza, ni muchos menos significa que se esté en vías de reducir las desigualdades sociales, que, por el contrario, tienden a ampliarse con el reparto discrecional. Además, si esto se dispuso en su momento gracias al crecimiento de la economía, también lo fue por la creciente presión tributaria a los contribuyentes, que entre 2000 y 2012, según estiman los economistas, la carga fiscal pasó del 21 a 37 por ciento.
Esto indica que toda política social debería servir para mejorar la calidad de vida de las personas de manera integral e intergeneracional, de manera que el subsidio llegue en forma directa y temporaria, mientras se incentiva la actividad laboral de los beneficiarios. De lo contrario, esta enorme asignación de fondos no ayuda al desarrollo de las personas ni de la sociedad debido a las distorsiones existentes.