Dos jueces de la Sala II de la Cámara Penal opinan que ya prescribió (por vencimiento del plazo para investigar) la escandalosa megacausa con 11 cuerpos de expediente, abierta el 22 de febrero de 2004 para determinar si existió o no un supuesto fraude y otros delitos con un servicio especial de adicionales en la policía durante los últimos meses de gobierno bloquista: el operativo "Máxima Seguridad" concretado entre octubre y noviembre de 2003, dijeron ayer fuentes judiciales.

Así, los magistrados Ernesto Kerman y Juan Carlos Peluc Noguera (falta el voto del juez Eugenio Barbera) rechazan la apelación de la fiscalía y confirman el sobreseimiento, dictado a fines de 2008, por el juez Leopoldo Zavalla Pringles a favor de 35 policías involucrados.

"Téngase presente que en las actuaciones en recurso han transcurrido, desde su iniciación, más de 7 años y todavía no se ha indagado a ninguno de los sospechados. Entonces, urge poner fin a este proceso porque el Estado, en un orden constitucional democrático, no puede ni debe avalar semejante arbitrariedad e ineficacia operativa en cualquiera de sus poderes", dice el juez Ernesto Kerman en su voto, además de resaltar que el caso llegó a la Sala II cuando restaban cuatro o cinco meses para la prescripción, tiempo muy escaso para resolver por los múltiples implicados.

El caso por el supuesto fraude estalló cuando desde el Ministerio de Hacienda se rechazó, por irregularidades, el expediente con las planillas para el cobro por los adicionales prestados en el operativo "Máxima Seguridad". Entonces en la Policía se confeccionó otro con supuestas correcciones, que para el actual jefe de la fuerza, Miguel González, resultaron posibles delitos.

¿Por qué? Porque en esos papeles aparecían efectivos cumpliendo su servicio en un lugar y a la misma hora haciendo adicionales en otro. O cobros por servicios que no se hicieron. Y otros con registros de haber hecho ese trabajo cuando en realidad estaban impedidos por una sanción o con carpeta médica. También se denunciaron casos de sellos con nombres y jerarquías distintos, o con un número de padrón diferente al del efectivo registrado.

Luego de marchas y contramarchas, el juez del caso consideró que la causa prescribió por haber excedido el plazo de 4 meses para investigar y sobreseyó a todos. Consideró que era la salida más acertada porque, entre otras razones, desde el Tribunal de Cuentas se había aconsejado también el archivo al no poder determinarse un perjuicio fiscal.

Entonces la fiscalía y la parte querellante (Fiscalía de Estado) apelaron. Entendieron que el plazo no había vencido porque debía contarse a partir de la indagatoria (algo que nunca ocurrió), y porque faltaban producir varias pruebas que podían guiar a una conclusión muy diferente al sobreseimiento.

Pero la mayoría de los jueces de la Sala II entiende que, por ley, el plazo para investigar se sobrepasó. Así, dijeron, debe tomarse como tope el de 6 años, máximo de pena para el delito más grave (fraude contra la administración pública). Y consideran que ese tiempo se excedió largamente (7 años y 6 meses) porque se computa desde el momento de los hechos (entre setiembre y noviembre de 2003) hasta la fecha, sin que ningún acto válido lo interrumpiera: comisión de un nuevo delito, indagatoria, elevación a juicio, citación a juicio y fallo.

Los jueces también destacan que tampoco suspende el plazo de investigación el hecho de que los policías sean funcionarios públicos (otro supuesto interrupción), pues a su entender no basta con ocupar un cargo público, pues varios fallos sostienen que la interrupción opera cuando se trata de funcionarios "con jerarquía como para sospechar que con su autoridad o influencia" puedan entorpecer la investigación, algo que -dijeron- no ocurrió en esta situación al ser todos separados de sus puestos durante la investigación interna.