Tan bajo cayó el prestigio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que hasta los aliados del gobierno K encuentran difícil la tarea de defender lo indefendible. Le pasó la semana anterior al intendente caucetero Juan Elizondo, porque la información poblacional brindada por el cuestionado instituto fue en contra de los intereses del propio municipio. El organismo moldeado por Guillermo Moreno dijo que Caucete tiene no más de 39.000 habitantes, mientras que el jefe comunal sostiene que son unos 50.000. La diferencia abismal se mide, en este caso, en dos o tres licencias más o menos para taxis departamentales.
El conflicto del transporte en Caucete, puesto de manifiesto en los piquetes que interrumpieron el tránsito en varias oportunidades sobre la Ruta 20, a la altura del puente sobre el Río San Juan, no encuentra solución definitiva. Los taxis departamentales necesitan de licencias emitidas por la provincia. Y se entrega determinada cantidad según la población a servir. Por eso el informe del Indec a la Dirección de Tránsito y Transporte resultó sumamente perjudicial a los intereses del municipio, que intenta salir del atolladero recortando la menor cantidad de permisos posible.
Elizondo cuestionó duramente los valores del Indec. Aseguró que, con un padrón electoral de 22.000 votantes, el municipio no podría tener menos de 50.000 habitantes. Algo así como el 28 por ciento más de lo informado por el instituto nacional.
Cabe preguntarse si Elizondo se habría atrevido a cuestionar los valores del Indec hace una década, cuando la seriedad técnica del organismo lo blindaba contra cualquier objeción. Claramente hoy la situación ha cambiado y en la disconformidad del intendente subyace también la convicción de que los números del instituto sufrieron un desgaste todavía no subsanado en la gestión de Norberto Itzcovich.
El episodio caucetero desnuda una arista más de lo imperioso que resulta recomponer la credibilidad del Indec. Ya no sólo en lo referido a corregir la canasta básica de alimentos de precios irrisorios sino en algo mucho más esencial como saber cuántos somos los argentinos. El año que viene el Estado realizará el censo poblacional 2010.
Se trata de una tarea semejante a la que le toca al gobierno provincial: reconstruir el sistema estadístico local para, por ejemplo, recuperar el índice de precios al consumidor, desaparecido a comienzos del 2008. Para tal objetivo, la Legislatura deberá autorizar un endeudamiento por casi 500.000 dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Un precio elevado que tendrán que pagar todos los sanjuaninos. Y una tremenda responsabilidad para los encargados de que el asunto se resuelva con transparencia, eficiencia y celeridad.