El cometido más importante de una ley electoral debería ser, además de la claridad de su articulado, una severa línea divisoria entre el Estado, el gobierno y el partido. Sacar también todo el proceso de la órbita del Poder Ejecutivo y garantizar, además, la transparencia del voto con mecanismos que impidan manipulación o fraude. Los atropellos que aquí se cometen están penados en cualquier democracia razonable.

A un año de las elecciones generales aún no se sabe con qué reglas van a votar los argentinos. La Justicia muestra su preocupación por algunos puntos que mantiene la ley electoral sancionada por el Congreso a fines del año pasado y que el Gobierno aún no ha reglamentado. La jueza electoral porteña. María Servini de Cubría advirtió la imposibilidad de actualizar los padrones y un tema no menor es el de la publicidad. La ley prohíbe completamente la contratación de avisos de campaña en radio y TV. Los espacios serán asignados por el Poder Ejecutivo a los partidos en todos los medios del país y ocuparán el 10% de la programación, los 23 días antes de los comicios. Pero todavía no se termina de definir cuáles serán los criterios a seguir para asignar medios y horarios a cada partido político.

El tema del financiamiento es otra cuestión que preocupa. El Gobierno debió pedir en el presupuesto 2011, que ya fue enviado al Congreso, que se fijara el valor del "módulo electoral”, una unidad de medida monetaria sobre cuya base se deben calcular los gastos y aportes de toda la campaña. La cuestión es que se olvidó de incluirlo, y la Justicia electoral debió enviar una nota al Congreso para que lo hiciera con urgencia. La nueva ley prohibe sólo las listas espejo, que son las que contienen a un mismo candidato que se presenta para diferentes partidos, pero hasta que no se reglamenten las internas no se sabrá si las polémicas listas testimoniales y colectoras se repetirán.

Contrariamente a lo que pedían los expertos, la ley 26.571 le da mucho más poder a la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior. Por el decreto 682/10, esa dependencia sumó 6 direcciones, cargos y presupuesto para atender nuevas responsabilidades.

Mientras en el mundo se avanza hacia órganos electorales con autonomía política, en Argentina se siguen acentuando viejas prácticas que marcan un retroceso que no afianza a la democracia.