Poner límites a los llamados ‘superpoderes’, una facultad delegada por el Congreso al Poder Ejecutivo para que el jefe de Gabinete pueda reestructurar partidas del Presupuesto Nacional sin necesidad de solicitar la aprobación legislativa, es un proyecto de ley que busca corregir otra de las desviaciones impuestas por la discrecionalidad con que si manejaban estos recursos durante la gestión kirchnerista.

A partir de la aprobación del cálculo de gastos y recursos para un nuevo ejercicio fiscal, desde 2006 se han perdido las atribuciones que le competen al Congreso Nacional para la readecuación de los fondos presupuestarios, debido a la creación de poderes especiales concedidos al Gobierno de manera que la distribución de estos recursos quedó absolutamente en manos de la Presidencia y, por ende, esta ley y el ordenamiento constitucional se convirtió en una mera ficción.

Ahora, en otro paso para concretar una promesa de la campaña electoral, el presidente Mauricio Macri acaba de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para derogar gradualmente las atribuciones establecidas en del artículo 37 de la ley de administración financiera, a fin de poner un límite anual a las reestructuraciones presupuestarias que el Poder Ejecutivo pueda realizar, según las circunstancias que lo requieran.

La iniciativa de la Casa Rosada propone una acotación progresiva de los ‘superpoderes”, de manera que en 2017 el jefe de Gabinete sólo podrá reasignar partidas hasta el 10 por ciento dentro del monto total del presupuesto, y esta cifra irá en descenso hasta el 7,5% en 2018 y al 5% en el Presupuesto 2019, de acuerdo a la propuesta gubernamental.

No cabe duda de la necesidad de estos ajustes, como todo aquello que durante más de una década se fue desvirtuando por el avance del oficialismo sobre los otros poderes de la República y mas en la función legislativa por la obediencia debida de una mayoría genuflexa para aprobar a libro cerrado todo lo que imponía la concentración del ‘modelo” populista. En el caso de los superpoderes, si bien son necesarios restringirlos, los porcentajes deberían ser mayores a fin de ir hacia el verdadero protagonismo del Congreso en la reestructuración de partidas presupuestarias.

Es de esperar que la oposición no politice el tema a fin de que la modificación de la norma posibilite un mayor equilibrio entre las facultades reservadas al Congreso Nacional y la flexibilidad que necesita el Poder Ejecutivo para la ejecución presupuestaria.