Buenos Aires, 26 de noviembre.- El gobierno de Mendoza decretó hoy por 180 días la emergencia en el servicio de agua potable y ordenó la constitución de un comité de crisis que deberá buscar una solución a la falta de ese recurso y la baja presión.
Esa situación, según voceros del gobierno, "se agrava
especialmente en zonas de Guaymallén y Godoy Cruz", sudeste de la provincia.
En tanto, fuentes del Ente Provincial de Agua y Saneamiento
(EPAS) subrayaron que la emergencia hídrica y cloacal se vio
agravada por al menos "diez años de desinversión de la empresa
concesionaria".
El comité operativo, según el decreto 2.924 que firmó el
gobernador Celso Jaque, estará integrado por la Dirección General de Irrigación, el ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte; la intervención de Obras Sanitarias Mendoza; los municipios y la secretaría general de la Gobernación.
También se implementará un programa de educación permanente de concientización del uso del agua potable y de los niveles de las reservas en las distintas plantas potabilizadoras de la provincia.
Por otra parte, el decreto habilita a la autoridad de Obras
Sanitarias Mendoza a realizar cortes no programados del servicio y
se ordena a Irrigación a priorizar la distribución del agua para
uso humano.
"La dotación de agua se reforzará mediante cinco pozos que en
breve se inyectarán a la red y otros cuatro que están siendo
analizados. También se dispondrá de camiones cisterna para proveer del servicio a escuelas y centros de salud de los departamentos más afectados", indicaron los voceros oficiales.
El decreto detalló asimismo que los motivos de aplicación de
este régimen del servicio se debe a la limitación hídrica regional
que depende de los deshielos, la disminución de las aguas
subterráneas en los pozos operativos y la creciente demanda domiciliaria.
Además, el presidente del EPAS, Javier Montoro, resaltó que a
a esa situación se había llegado por "la grave desinversión de no
menos de diez años en la empresa".
Montoro sostuvo en una conferencia de prensa que el Estado
tendrá que invertir 600 millones de pesos para regularizar la
situación de Obras Sanitarias.