Ernesto González Iaiza llegó ayer el Juzgado federal y luego de empezar a declarar como sospechoso en los negocios ilegales con licencias de conducir con supuesta vinculación del organismo que gerencia, Emicar (concesionario del Estado) pudo volverse a su casa. Fue así porque pagó una fianza real de $20.000 y porque un pedido de captura por amenazas que el jueves figuraba en su planilla prontuarial como obstáculo para su libertad, ayer quedó en nada: el juez Pablo Flores (2do Juzgado de Instrucción) resolvió a su favor dictándole un sobreseimiento en esa antigua causa, surgida de un presunto problema con una exempleada, dijeron fuentes judiciales.
Haber conseguido la libertad en el sonado caso de las licencias truchas (los policías federales secuestraron cerca de 50 y en principio apresaron a 9 personas) fue un paso importante para el ejecutivo, que ahora deberá enfrentar otro problema para nada menor: ser considerado supuesto partícipe en los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, fraude, falsificación de documentos, uso de documento apócrifo e inserción de datos falsos en un documento público, precisaron voceros del caso.
¿Qué vincula a González con esa sospecha? según voceros del caso, escuchas telefónicas y el hecho de que algunos empleados de Emicar mencionaran que González recibía en su despacho por lo menos a dos barrabravas de Sportivo Desamparados investigados: Mario ‘Canario’ Ontiveros y el aún buscado Gustavo ‘Paco’ Guzmán, indicaron.
De todos modos, el gerente se mostró tranquilo. Y ayer anticipó, en la audiencia y públicamente, que prestará una ‘amplia colaboración’ y dará todas las explicaciones del caso ante el juez para que se sepa la verdad.
González empezó a declarar ayer y, en principio, sólo habló del funcionamiento de Emicar. La audiencia continuará el martes. Por el caso, hay cinco empleados de Emicar excarcelados y cuatro detenidos: el barra Ontiveros y una mujer de Buenos Aires, cómplice de una mujer y un hombre de Albardón.