Al menos cuatro empleados de Emicar (incluido un médico) y otras cuatro personas, fueron detenidas ayer por policías federales en allanamientos realizados en Buenos Aires, Albardón, Rivadavia y Rawson, sospechados de integrar una banda dedicada a falsificar licencias de conducir vehículos. Al cierre de esta edición, efectivos de la Delegación local de la Policía Federal continuaban con el allanamiento que comenzaron cerca del mediodía en oficinas de ese organismo situado en Pasteur 256 Oeste, en Rawson. Y buscaban también a dos supuestos implicados: otro empleado de Emicar y Gustavo ‘Paco’ Guzmán, sindicado como uno de los líderes de la barrabrava de Sportivo Desamparados, dijeron fuentes del caso.
En la Policía Federal hubo total hermetismo sobre la investigación, pero otras fuentes del caso precisaron que todo comenzó a fines de 2012, cuando detectaron al menos una decena de plásticos apócrifos en distintos controles de tránsito.
Desde entonces la Justicia Federal ordenó una investigación, que cuajó en una hipótesis definida sobre el andamiaje de la supuesta organización: al prófugo Guzmán y a otro sujeto detenido, Mario ‘Canario’ Ontiveros, se les adjudica el rol de conseguir en la puerta de Emicar los datos de los reprobados para obtener la licencia, incluso aquellos ‘bochados’ por algún problema físico.
La sospecha es que estos sujetos pasaban luego esa información a otros dos sospechosos, David Páez y Mariela Bazán (ambos de Albardón) que, a su vez, se la hacían llegar a una mujer también detenida en Buenos Aires, Ana María Gómez, supuesta encargada de conseguir y enviar a San Juan los plásticos truchos que autorizaban a conducir.
¿Qué papel jugaban los empleados de Emicar? Por lo menos se les atribuye facilitar los datos de quienes reprobaban, pero no se descarta que tuvieran otro protagonismo. De esos empleados sólo trascendieron sus apellidos, Jofré, Porcel, Zuluaga y Olazábal, aunque anoche también era buscado otro de apellido Sosa, precisaron las fuentes.
Hasta el momento se detectaron cerca de 50 plásticos truchos y suficiente evidencia (hubo escuchas telefónicas) para justificar los arrestos, indicaron. Ahora, el juez federal Leopoldo Rago Gallo analizará la prueba y decidirá qué delitos hubo y qué responsabilidad tienen los implicados.