Los jubilados en San Juan presentaron desde marzo de 2009 a la fecha unas 2.000 demandas en la Justicia Federal para reclamar contra la Anses por el reajuste de sus haberes de acuerdo a los precedentes sentados por la Corte Suprema de Justicia en varios fallos, entre los cuales, el más conocido es el caso Badaro.
La cifra -acumulada en tan poco tiempo- representa exactamente el doble de todas las causas previsionales que se tramitan desde hace varios años en la provincia, según informaron ayer fuentes de estudios jurídicos especializados en el área previsional, y corroboraron abogados que asisten regularmente al Poder Judicial. "Seguramente a fin de año la cifra se va a incrementar porque todos los días ingresan nuevas causas", agregaron las fuentes.
Este tipo de juicios se tramitan en las dos Secretarías en lo Contencioso Administrativo -la Número 3 y la 6- que dependen del Juzgado Federal Número 2, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo. A medida que van ingresando, en el caso de que él no pueda resolverlos, nombra un reemplazo de la lista de conjueces.
Así, San Juan no escapa a la tendencia que existe en todo el país donde los jugados de primera instancia se han visto abarrotados por las demandas, totalizando unos 400 mil (ver aparte).
En esta provincia la avalancha de juicios de jubilados en tan corto lapso obligó a la justicia local a salir a buscar otro lugar para tener los expedientes: En abril del año pasado alquiló el piso superior del banco Credicoop -en Mitre 15 Oeste- para acumularlos, según confiaron las fuentes. "El juzgado padeció el "efecto espacio". El edificio principal (ubicado en calle Entre Ríos, entre Mitre e Ignacio de la Roza) se quedó sin lugar, no se podía caminar porque los expedientes había que dejarlos en el suelo, por los pasillos", recordó una fuente.
Es lógico: Los 2.000 nuevos juicios por reajuste de haberes resultaron la copa que rebalsó el vaso, ya que ese tribunal de primera instancia acumula además otras 2.000 causas contra Anses, por diferencias salariales o de jubilaciones varias; otros juicios contra el Estado y unos 5.000 expedientes por el corralito, que reclaman por la diferencia respecto al valor del dólar que pagó el Estado los depósitos en dólar ($1,40) respecto al valor de mercado, tras la devaluación.
En el caso de las nuevas causas previsionales, el motor que impulsó el gran número de juicios fue el fallo de la Corte en el caso Badaro, que en marzo del 2009 ordenó actualizar el haber del demandante según la evolución de los salarios entre 2002 y 2006, es decir, en un 88,57%. Hasta entonces, Badaro había recibido ajustes por debajo de tal nivel: en su caso, del 11 por ciento.
Este jubilado cobraba una jubilación superior a los 1.000 pesos, justo la franja que no recibió prácticamente actualizaciones de haberes tras la devaluación. Pero hay otros casos como el Gemelli y el Elliff (ver aparte) sobre otros aspectos jubilatorios que provocaron también la estampida de causas por reajustes de haberes en jubilaciones mínimas.
Esos fallos sentaron precedentes, pero el problema es que al ser individuales, obliga a cada jubilado a iniciar un juicio para percibir lo que le corresponde. Tarde o temprano lo van a ganar, pero antes tendrán que buscar un abogado, iniciar al demanda y esperar años hasta que se conozca la sentencia favorable, aunque puede ser apelada por la Anses.
"Por la cantidad de juicios que se están acumulando la justicia no va a tener tiempo de resolver. El Estado va a tener que tomar alguna medida política para resolver esto", opinó una fuente judicial.
Esta semana se conoció que en Buenos Aires, la sede de la Justicia de la Seguridad Social que recibe todos los juicios de los Juzgados de primera instancia como el de San Juan, está a punto de emitir una orden para no recibir más causas debido a los riesgos de derrumbe del edificio por el peso de las decenas de expedientes de jubilados.