MENDOZA. Corresponsal. En medio de una campaña en llamas y con candidatos a la pesca del humor popular, quedó aquí sepultado en el archivo de la Legislatura el proyecto minero San Jorge, con el que la Coro Mining canadiense se proponía extraer y procesar cobre por flotación en Uspallata. La tarde del miércoles los diputados radicales rechazaron el informe de impacto ambiental que precede a la aprobación final y luego, imprevistamente, se sumó el propio candidato del PJ. El ex ministro de Jaque e incluso quien había firmado el informe ambiental siendo funcionario le pidió a sus legisladores que bocharan la propuesta minera, mandándola al archivo. Los grupos ambientalistas celebraron la victoria.
Y ayer el candidato de la UCR, Roberto Iglesias; también, aunque hace unos meses era promotor de la “minería responsable”. Hubo quiebres y enojos públicos en el propio oficialismo justicialista. El gobernador Jaque atribuyó a ambos bloques “irresponsabilidad” por utilizar el proyecto de desarrollo minero como ariete de campaña electoral. Jaque y Pérez habían propuesto hace una semana que el asunto no se tratara durante los furores de la campaña, pero la presión del radicalismo hizo estallar el proceso. Un proceso similar de oportunismo político, se había vivido en 2006-2007 cuando el ex gobernador y actual vicepresidente, Julio Cobos, envió una delegación ministerial a Toronto, Canadá, a un encuentro mundial de inversores mineros, promoviendo las inversiones en Mendoza. Pero luego, ante los embates de organizaciones ambientalistas y agrícolas del Valle de Uco y por la inminencia de las elecciones de 2007 (en las que negoció su vicepresidencia con los Kirchner) cedió al avance opositor y sancionó la denominada Ley Antiminera 7.722, que prohíbe en todo el territorio de Mendoza la explotación minera a cielo abierto con la aplicación de substancias contaminantes.
