El médico Mario Tinto, que es el director del mayor centro asistencial de la provincia, el Hospital Rawson, opinó que un profesional de la medicina no se puede oponer a intervenir en un caso de aborto de una mujer violada invocando la objeción de conciencia. ‘Cuando uno trabaja en el Estado no puede haber una objeción de conciencia‘, dijo el director en declaraciones a Radio Colón, en medio de la polémica desatada por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habilitó a actuar en los casos de mujeres violadas, que hasta ahora estaba en duda.
‘Si trabajo para el Estado y el Estado respeta la ley, tengo que respetar la ley y si no me tengo que ir‘, agregó el director.
El mes pasado, la Suprema Corte emitió un fallo aclarando que no será necesaria la autorización judicial previa en los casos de violaciones. Así, las mujeres que interrumpan el embarazo luego de una violación y los médicos que lo practiquen no deberían sufrir sanciones, de acuerdo al criterio del máximo tribunal.
Los integrantes de la Corte remarcaron la necesidad de que los casos no sean judicializados y exhortaron a implementar los protocolos hospitalarios necesarios para que todas las mujeres que se encuentren en una situación similar puedan abortar sin exigir una autorización previa.
De todos modos, Tinto se mostró a favor de aplicar la resolución judicial sin necesidad del protocolo adicional, aunque aclaró que hablaba a título personal. ‘En la Provincia hay un ministro que debe decir cómo se debe aplicar‘, aclaró el profesional.
El ministro de Salud, Oscar Balverdi, volvió a mantener el silencio en el tema y se excusó de opinar.
La objeción de conciencia a la que hizo referencia Tinto es el derecho que tiene por ejemplo un médico a no ser obligado a realizar acciones que van en contra de convicciones éticas o religiosas que son muy profundas o están muy arraigadas en una persona. Este derecho surge de la protección que la Constitución Nacional le brinda a la libertad de culto y de conciencia, y a las acciones que no perjudiquen a terceros.
Está el antecendente de Italia, por ejemplo, donde el 70 por ciento de los médicos se niega a realizar abortos no punibles, basándose en principios religiosos y morales.
En el Hospital Rawson, ‘la mayoría de los colegas tienen objeción de conciencia‘, según analizó Tinto, adelantando que no será sencilla la aplicación del procedimiento para los casos de mujeres violadas.
En un informe de DIARIO DE CUYO, hubo voces que decían que se podía aplicar el fallo de la Corte sin necesidad de un protocolo adicional y los que marcaban que sí hacía falta.
Entre los primeros estaban los abogados penalistas Fernando Castro y Rubén Pontoriero, enrolados entre los que sostienen que con el fallo del máximo tribunal de Justicia del país es suficiente para que en todos los casos de violación que se presenten se pueda practicar un aborto si la madre lo desea.
En la vereda opuesta, el camarista Civil Roberto Pagés y el abogado Rolando Lozano opinaron que el fallo no se puede aplicar indiscriminadamente ni generalizarlo porque antes hace falta que cada provincia dicte un protocolo que indique cómo se va a instrumentar el proceso y las condiciones que deben cumplir la paciente y el médico.
Como si fuera poco, el jefe de los fiscales de la provincia, Eduardo Quattropani, opinó que el máximo tribunal se excedió y avanzó en competencias de los otros Poderes. Y aseguró que funcionarios y médicos han quedado a expensas de la interpretación que hagan fiscales y jueces sobre si este tipo de aborto se debe castigar con una condena penal. ‘Lo que digo es que nadie puede asegurar que, frente a un denuncia, va a tener un resultado seguro por el sobreseimiento o la absolución‘, sostuvo el fiscal General de la Corte.
Hasta ahora en el Rawson, tras el fallo de la Corte, no les ha tocado intervenir en ningún caso de pedido de aborto de una mujer violada.