Luego de que un Jury de Enjuiciamiento lo destituyera de su cargo de juez por cometer graves irregularidades en 5 juicios de expropiaciones, al perder sus fueros, Carlos Macchi quedó a tiro de ser denunciado penalmente. Según fuentes calificadas, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, llevará a cabo dicha acción judicial contra el exmagistrado en febrero.
Una vez que se realice la acusación, Macchi será investigado en el marco de la megacausa de las expropiaciones, en la que la Justicia busca determinar con certeza la existencia de una red de jueces, abogados, funcionarios y empleados que inflaba el valor de los terrenos que expropiaba el Estado para sacarle millones de pesos. Eso es lo que denunció la gestión giojista y María Inés Rosselot, titular del Quinto Juzgado de Instrucción, procesó a 10 implicados bajo la figura de asociación ilícita, en la que el abogado Santiago Graffigna está señalado como el líder y entre los que se encuentra la exjueza civil, Rosalba Marún de Sobelvio. Además, también fue procesado el exfiscal de Estado, Mario Díaz, por fraude e incumplimiento de sus deberes de funcionario.
Macchi era el titular del Quinto Juzgado Civil y un Jurado de Enjuiciamiento resolvió que incurrió en las causales de mala conducta y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo por haber cometido severas anomalías en 5 juicios de expropiaciones que le costaron millones de pesos a la provincia y que terminaron beneficiando a Graffigna. Tras el proceso de remoción, De Sanctis, el fiscal de Estado y quien fuera acusador especial en el Jury, había adelantado que iba a denunciar penalmente al ahora exmagistrado. Ahora, según trascendió, dicha acción judicial se materializará en febrero.
Ante esa denuncia, la jueza Rosselot ya viene advirtiendo desde el año pasado que se inhibirá por razones de amistad con Macchi. Por otro lado, ya inició los trámites jubilatorios y se espera que de un momento a otro le salga el retiro definitivo. Por esa razón, la megacausa de las expropiaciones cambiará de manos y, según fuentes calificadas del Poder Judicial, quedará bajo la órbita de un juez interino. Así, la Corte de Justicia apelará a una herramienta excepcional y designará un reemplazante (todo apunta a un secretario del fuero penal) hasta que se cubra la vacante en forma definitiva.