Luego de que la gestión de José Luis Gioja plasmara en una ley un nuevo traspaso de contratados a planta permanente, el Gobierno que comanda Sergio Uñac definió cómo encarará el proceso para las más de 2.300 incorporaciones: el primer grupo entrará en marzo y apuesta a terminar todo en octubre. El ingreso se hará en tres tandas y cada una será de unos 770 agentes.

El traspaso masivo de contratados comenzó a ejecutarse durante la administración giojista, que sumó al Estado un total 3.630 trabajadores en 5 tandas (Ver recuadro), y Uñac continuará con esa política. La medida les viene al pelo a los nuevos empleados que se encontraban en un escenario de precariedad laboral. Es que al ingresar a planta, alcanzan la tan ansiada estabilidad y su futuro no dependerá de la voluntad política de ningún Gobierno de turno. Entre los beneficios también se encuentran el hecho de contar con una obra social, gozar de vacaciones, cobrar asignaciones familiares y percibir adicionales, el aguinaldo y los aumentos salariales que el Ejecutivo habilita periódicamente para neutralizar los efectos de la inflación.

Las nuevas incorporaciones tienen un tope, ya que contemplarán a los que entraron al Estado con un contrato hasta antes del 31 de diciembre de 2014. Como la gestión giojista sumó personal hasta el 31 de diciembre de 2010, ese margen de 4 años abarca a 2.331 empleados. El primer ingreso se dará en marzo, el segundo entre junio y julio y el tercero, en octubre, informó Gattoni. Desde la Secretaría de la Gestión Pública, que depende de Hacienda, señalaron que ya han pedido informes a los distintos ministerios para ir armando la base de datos. Si bien hay en todas las reparticiones, alrededor de un 70 por ciento están concentrados en las carteras de Salud y Educación, como porteros, administrativos, enfermeros, camilleros y choferes.

El titular de Hacienda aseguró que las incorporaciones no pondrían en riesgo las finanzas de la provincia, ya que en gran parte se cubrirán con los fondos que se liberan por las 900 jubilaciones, en promedio, que se producen en la administración pública anualmente. El trabajador que llegó a la instancia de jubilación carga en su recibo con años de antigüedad y una categoría que puede ser elevada, mientras que el recién ingresado lo hace en el escalafón más bajo y sin antigüedad.

Al igual que el mecanismo anterior, los empleados deben cumplir con una serie de requisitos para ser tenidos en cuenta. En primer lugar tienen que cumplir con una capacitación que organiza el Gobierno y que se vino haciendo en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Por otro lado, no deben poseer deudas con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ni con la Dirección General de Rentas (DGR). Además, deben estar libres de antecedentes penales y contar con idoneidad y la educación formal para el puesto que quieren desempeñar. En el Gobierno están solicitando y encarando esos trámites para llevar adelante la capacitación en febrero.

La ley que permite el nuevo traspaso de contratados, sancionada en noviembre, contiene algunos cambios con respecto a la recategorización del personal. Ahora, los estatales pueden ser promocionados hasta dos categorías cada dos años, mientras que antes no había límite. La posibilidad de otorgar ascensos se contempló en la llamada ley de Modernización de Empleo, que fue la que abrió la incorporación de los agentes a la planta permanente, allá por 2011. La recategorización del personal se congeló en 1996 como una medida para contener el gasto público por la crisis que había atravesado la provincia y sólo hubo promociones para aquellos trabajadores de áreas críticas, como los docentes, médicos, policías y penitenciarios. Entre fines de 2012 y septiembre de 2013 fueron casi 1.000 los estatales que lograron escalar en la pirámide laboral debido a la norma.