El anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de establecer "una nueva igualdad de derechos", con una asignación de 180 pesos mensuales para los trabajadores en negro y desocupados, ha sido oportuno.

La iniciativa cubre un desamparo que sufren millones de marginados por la falta de trabajo o con grave precariedad laboral. Esta decisión trascendente llegará a unos seis millones de chicos. Se señala como una asignación universal porque los trabajadores formales, con hijos, ya la perciben y, por otro lado, los padres que ganan más de 4.800 pesos tienen después la deducción del impuesto a las Ganancias.

Las organizaciones sociales, y en particular la Iglesia a través de Cáritas -la entidad que asiste a la mayor cantidad de niños pobres-, han ponderado la nueva cobertura familiar pero, al igual que numerosos sectores independientes, observa puntos oscuros. "Aspiramos que esta iniciativa del PE pueda verse plasmada en una ley, debatida y consensuada por todos, que brinde el marco jurídico adecuado para una política de Estado a largo plazo", ha señalado Cáritas Argentina y la Comisión Nacional de Justicia y Paz, en un comunicado conjunto.

Es que si bien el decreto de necesidad y urgencia establece una nueva igualdad de derechos, corrige fuertes inequidades y avanza hacia un sistema de seguridad social más justo, también es una medida administrativa sin muchas precisiones, que puede propiciar el clientelismo y erosionar fondos sociales intangibles. El superávit de la Anses nuevamente tendrá otros destinos, menos para pagar a los jubilados como ha ordenado la Corte de Justicia, lo que daría lugar a otra andanada de recursos de las entidades previsionales.

Es más, el propio ministro del Interior salió ayer a aclarar que el Poder Ejecutivo prevé ejercer diversos "controles" para impedir que esta ayuda social llegue a sectores a los que no está destinada. "Va a haber controles. De cualquier manera, nunca se está ajeno a que haya algún vivo, más que vivo algún sinvergüenza, que abuse de una situación, lo que vamos a tratar de evitarlo de cualquier manera", enfatizó Florencio Randazzo.

Cáritas u otro organismo independiente que administre esta acertada medida oficial, evitará una discrecionalidad política como la que viene manejando otros planes sociales mediante el piqueterismo y grupos cercanos al poder.