Finalmente la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la ley, impulsada por la oposición, para garantizar la jubilación mínima con un nivel equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil del trabajador en actividad.

La reacción del oficialismo frente a las erogaciones que demandaría el cumplimiento de la recomposición de las prestaciones, es un planteo polémico con amenazas de veto, si la iniciativa de la Cámara baja logra la aprobación del Senado. La discusión ha sido meramente política. La oposición impulsando la idea y con el Gobierno nacional advirtiendo sobre la inviabilidad de su puesta en marcha. El verdadero foco del debate debió estar sobre la viabilidad integral del Sistema Previsional Argentino (SIPA). Un sistema previsional de reparto puro depende de la relación entre la cantidad de aportantes, su nivel de ingresos y la cantidad de beneficiarios. Hay que tener en cuenta que bajo la legislación argentina, los aportes y contribuciones equivalen al 28% del salario neto del trabajador: 11% de aportes y 17% de contribuciones.

Es decir que suponiendo que todos los trabajadores cobran el salario medio de la economía, sería necesario el aporte de 2,92 trabajadores activos para pagar el beneficio a un jubilado con el 82% móvil, sin tener en cuenta los costos operativos de la Anses. Para un sistema de más de 6 millones de beneficiarios como es el SIPA, esto implica la necesidad de contar con un mercado laboral de más de 18 millones de aportantes. En la actualidad el número de aportantes es de apenas 8,6 millones, es decir que no llega ni a la mitad de lo necesario para que un esquema sea sustentable por sí solo. Desde este punto de vista el esquema, como sistema de reparto puro, es claramente inviable.

La reestatización del sistema y la incorporación como beneficiarios de individuos que todavía no cumplían con todos los requisitos necesarios llevaron a una fuerte suba de los gastos de prestaciones sociales, que alcanzaron en 2009 el nivel récord de 7,6% del PBI. El SIPA ha ampliado la base de cobertura, pero no ha logrado mantener el nivel promedio de los beneficios en relación al tamaño de la economía.

Lograr el 82% móvil bajo el actual esquema no parece viable, porque el sistema no sería sustentable y se necesitaría un esfuerzo sobre las rentas generales mayor al actual, que ya es históricamente elevado porque cuenta con los fondos adicionales que se asignaron para cubrir el déficit que iba a traer aparejada la creación del sistema mixto en 1994.