La semana pasada, y de manera imprevista, cerró sus puertas el Icat, un instituto privado donde se enseñaba Inglés y Computación desde el 2005. Los alumnos perdieron el dinero que pagaron por los cursos completos y los docentes se quedaron sin trabajo y como pago sólo recibieron parte del mobiliario. El escándalo estalló cuando los chicos crearon un Facebook para difundir lo que ellos consideran una estafa. El dueño, Norberto Araya, que no vive en San Juan, dijo que no hubo voluntad de perjudicar a nadie y que cerró porque se ’fundió’. En tanto que desde la Subsecretaría de Trabajo dijeron que al propietario se le puede aplicar una multa de más de $100.000 si los damnificados hacen una denuncia formal, cosa que hasta el momento no ocurrió. Este instituto contaba con 100 alumnos y 12 empleados, entre ellos 9 docentes.
El lugar está cerrado y completamente vacío y no hay nadie para dar una explicación. Ese es el panorama con el que se encontraron los alumnos cuando concurrieron al Icat la semana pasada. En la vidriera había un cartel con un par de números de teléfonos. Eran de dos docentes que se encargaron de comunicarles que el instituto desapareció. Fue a partir de entonces que el tema revolucionó las redes sociales. Los alumnos crearon un grupo en Facebook ’Icat, estafados en San Juan’, donde publicaron: ’nos han estafado con plata y con nuestros sueños. No podemos dejar que esto quede así’.
Una de las docentes del lugar dijo que desde hace un tiempo se les pagaba con retraso, pero que nunca pensó que el instituto cerrara. ’El dueño nos llamó y nos dijo que no daba para más y que nos repartiéramos las computadoras y los muebles como forma de pago. Aceptamos y firmamos ese acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo porque era eso o quedarnos con las manos completamente vacías’, dijo una docente que pidió mantener el anonimato.
Norberto Araya, dueño del Icat, corroboró los dichos de la docente y agregó que cerró el instituto porque le fue imposible mantenerlo. ’Los únicos fondos con los que mantenía el lugar era con la paga de los alumnos, nunca tuve un subsidio. Pagaba $18.000 mensuales por el alquiler del lugar, los sueldos de 12 personas y los impuestos. Me fundí, no tuve la intención de dañar a nadie’, dijo Araya.
Por su parte el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, dijo que ayer se enteró por este diario sobre el caso y que envió inspectores para constatar el cierre del instituto. Agregó que necesita que algunos de los docentes afectados hagan la denuncia formal para actuar y que, hasta ahora, no hay ninguna. ’Si se comprueba irregularidades en el pago del salario y en la indemnización correspondiente, por ejemplo, se lo puede multar al propietario con la suma de dos salarios mínimos vital y móvil, unos $9.600, por cada trabajador afectado. Si son 12 los empleados del lugar, el monto de la multa sería de unos $115.200’, dijo el funcionario.
Ayer, un grupo de alumnos denunció el caso en Defensa al Consumidor.