La situación de la educación en San Luis es por demás preocupante. Es la única provincia argentina donde todavía no se pudo iniciar el ciclo escolar del presente año debido a la dureza de la demanda de aumento salarial y mejores condiciones laborales, que ha dado lugar a paros y movilizaciones, frente a la respuesta categórica del Gobierno puntano de no hacer lugar al planteo sindical.
En esta encrucijada poco parece importar a los sectores en pugna la situación de los educandos, que ya llevan perdidos veinte días de clase, irrecuperables sin duda si se pretendiera llegar al mínimo establecido de 180 jornadas áulicas anuales. La gravedad del problema es que se ha roto el diálogo entre la intransigente dirigencia sindical y las autoridades provinciales y por tanto no se vislumbra una solución a corto plazo porque unos y otros se aferran a razones fundamentadas que aparentemente no dejan dudas.
No se puede dejar de desconocer el reclamo de los docentes, porque con mayor o menor gravedad responden a motivaciones enmarcadas en las bajas remuneraciones y difíciles condiciones laborales, como en todo el país. Pero también debe recordarse que San Luis es una provincia discriminada financieramente por la Nación, no obstante haber avanzado en la modernización de la enseñanza, como la informatización, por ejemplo.
El conflicto puede destrabarse si existe voluntad en las partes para dialogar y acercar posiciones, con la premisa de responder a los miles de alumnos que son rehenes de estas posiciones irreflexivas. Todo arreglo, por duras que parezcan las posiciones, tiene una salida: la predisposición para ceder algo en procura del entendimiento.