Según funcionarios de alto nivel, el gobierno de Barack Obama seguirá tratando de no dramatizar excesivamente el asunto, aun cuando hay creciente presión del Congreso para denunciar las actividades de Irán en Latinoamérica. En una carta al senador republicano Mark Kirk, el Departamento de Estado dijo que le ha pedido a las agencias de inteligencia que indaguen nuevamente sobre las actividades de Irán en la región, a la luz del informe de 500 páginas del fiscal argentino Alberto Nisman, el principal investigador del atentado de 1994 contra el centro judío AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y alrededor de 300 heridos.
"’Le dijimos al senador Kirk que el informe de Nisman llegó demasiado tarde para tomarlo en cuenta en nuestra última evaluación, pero lo revisaríamos con nuestros colegas de inteligencia”, me dijo el miércoles Roberta Jacobson, directora de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
En su informe de 500 páginas, Nisman dice que el régimen iraní se está infiltrando en varios países latinoamericanos, y está construyendo centros clandestinos de inteligencia no sólo en Cuba, Venezuela, Bolivia, y Nicaragua, sino también en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam. Estos centros de inteligencia están destinados a "’patrocinar, estimular y ejecutar ataques terroristas” y a exportar la revolución islámica, según el fiscal.
En 2006, Nisman pidió a Interpol la captura de ocho altos funcionarios iraníes vinculados con el ataque terrorista de 1994 en Argentina. El nuevo presidente iraní Hasan Rouhani no está entre los ocho, aunque fue mencionado en la investigación de Nisman por un testigo, quien dijo que Rouhani era el secretario del poderoso Consejo Supremo de Seguridad Nacional en el momento del atentado.
Hace dos meses, varios legisladores estadounidenses criticaron duramente un informe del Departamento de Estado, según el cual "’la influencia de Irán en América latina y el Caribe está disminuyendo”. Dijeron que se basó solamente en informes públicos de actividades gubernamentales, y no contempló lo suficiente las actividades encubiertas.
Asimismo, están exigiendo una postura más dura contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de firmar un memorando con Irán para crear una comisión argentino-iraní que supuestamente investigaría el atentado de 1994. Dicho acuerdo es visto en Washington como un intento de aniquilar la investigación de Nisman.