Tratando de captar más apoyo de las áreas empobrecidas, el presidente de Venezuela Hugo Chávez busca su tercera reelección, en octubre de 2012, con otra oleada de expropiaciones de empresas extranjeras y nacionales, a fin de consolidar el "socialismo del siglo XXI” de la revolución bolivariana. Durante sus 12 años de gobierno, el chavismo ha nacionalizado mas de mil firmas petroleras, de telecomunicaciones, electricidad, supermercados, alimentarias, bancos y siderúrgicas -como Sidor de la argentina Techint- , y prevé hacerlo con la explotación de oro y confiscar propiedades turísticas caribeñas de la "alta burguesía”. Esta ofensiva de Chávez puede tener impacto electoral en los sectores que nutren el clientelismo político, pero puede ser una bomba de tiempo para la alicaída economía venezolana a pesar de las cuantiosas reservas petroleras del país. Una catarata de juicios con demandas por más de 33.700 millones de dólares en compensaciones puede costarle a Chávez por lo menos una tercera parte del presupuesto para el año que viene, dejándolo sin fondos para sus programas populistas.
Las bravuconadas del presidente, con amenazas de no pagar las confiscaciones, dejaría a Venezuela aislada en el plano internacional, sin posibilidades de obtener financiación externa para modernizar y ampliar la producción de hidrocarburos y se le cerrarían los mercados. Retirarse de los organismos internacionales de arbitraje, como el Centro Internacional de Resolución de Disputas por Inversiones (Ciadi), vinculado al Banco Mundial, pondrá a Chávez entre la espada y la pared, una encrucijada que lo obligaría a negociar lo que reclaman las multinacionales y las firmas locales nacionalizadas.