San Juan 27 de octubre.- El año en curso perfila para terminar siendo histórico si se analizan los números del Juzgado y Fiscalía de Ejecución de Sentencia. Hasta el pasado mes de septiembre se han otorgado en total 125 beneficios, entre salidas transitorias, semilibertades, libertad condicional y libertad asistida, casi el 50% del total de beneficios concedidos desde el 2007, fecha de creación del juzgado.

Del total de beneficios, 31 fueron salidas transitorias, 21 libertad condicionales, 25 semilibertades sumadas a salidas transitorias, 18 fueron libertades asistidas y por último se otorgaron dos semilibertades. A su vez se revocaron, en este mismo año, por haberse incumplido con el régimen establecido para el otorgamiento de los beneficios 19 salidas transitorias, 15 semilibertades sumadas a salidas transitorias, 2 semilibertades y una libertad condicional.

Cabe aclarar que la figura de Libertad Asistida se otorga al reo que comienza a transitar los últimos seis meses de su condena y que goza de buena conducta, la Libertad Condicional al que puede acceder un interno si ha cumplido las dos terceras partes de su condena y goza de buena conducta, La Semilibertad se otorga al interno que encontró un trabajo obviamente fuera del penal y necesita cumplir con un horario de trabajo y por último y la más utilizada es la popularmente conocida Salida Transitoria. La mista se otorga al interno para que pueda estrechar vínculos con su familia o sectores de la sociedad.

Un dato a tener en cuenta es el que aportó a Diario de Cuyo Online la Fiscalía de Ejecución de Sentencia, administrada por Nicolás Zapata. En casi la totalidad de los beneficios solicitados por los internos, la Fiscalía se opone, por entender que no se cumple con todos y cada uno de los procesos establecidos por la ley. Por ejemplo los estudios médico- sicológicos que deben realizar un equipo interdisciplinario, para luego ser elevado al juez, no se confeccionan de la manera apropiada. El problema existente es que hay un equipo de profesionales integrado por 10 personas que deben contener y atender a 800 internos de manera diaria, para que puedan comprobar si están en condiciones de acceder a un beneficio o no.