Mientras en el Gobierno revisan expediente por expediente para determinar cuánto hay a pagar por la deuda policial que se generó en los años 1987 y 1988, la entidad que nuclea a los retirados de la fuerza calculó que el monto que tienen a percibir asciende a unos 71,6 millones de pesos. La cifra corresponde a los que hicieron reclamos administrativos y judiciales y se debe a que en aquellos años, la provincia liquidó mal los salarios y nunca terminó de subsanar la situación. El ministro de Hacienda ratificó la voluntad de cancelar la obligación y dijo que lo podrían hacer con bonos.
La llamada deuda 87-88 recobró actualidad la semana pasada, cuando en Fiscalía de Estado dijeron que la provincia le empezará a pagar progresivamente a un grupo de ex policías que hizo juicio. La decisión se debe a que la Corte de Justicia condenó al Estado en una causa que tiene 740 demandantes por unos 9 millones de pesos, según la cifra que dieron a conocer en el organismo oficial.
Paralelamente, de acuerdo a la información del Círculo de Suboficiales y Agentes Retirados Policiales, paralelamente hay en trámite 2.924 reclamos en vía administrativa en el Estado provincial. A eso hay que sumarle dos juicios más que es muy posible que tengan el mismo final que el anterior, teniendo en cuenta que con su fallo el máximo tribunal ya fijó un criterio frente a la diferencia salarial que reclaman los efectivos policiales (Ver Los juicios).
En el Círculo de Retirados dicen que hay cifras aproximadas del monto en juego. El presidente de la institución, Carlos Balmaceda, aseguró que la deuda promedio con cada acreedor “es de unos 20 mil pesos”. De ahí, que el cálculo que hacen es que la provincia tiene por pagar 71,6 millones de pesos, incluyendo los 9 millones que representan los que ya cuentan con una sentencia judicial favorable.
En el Gobierno aseguran que no saben a ciencia cierta cuánta plata es, porque están revisando todos los expedientes administrativos para verificar los montos y saber si los que reclaman están legitimados para cobrar. Sin embargo, en la misma línea de lo que había dicho el gobernador José Luis Gioja, el ministro de Hacienda, Aldo Molina, aseguró que están dispuestos a pagar y como posibilidad, contó que están estudiando echarle mano a un remanente de bonos que emitió la provincia hace unos años para hacer frente a deuda consolidada.
Desde que se conoció la noticia del fallo judicial, decenas de retirados se volcaron a las oficinas de la entidad que los nuclea para completar los trámites que hacen falta para cobrar. Los que están vivos deben presentar certificado de supervivencia y los herederos de los que fallecieron, tienen que tener el sucesorio terminado y designado a un administrador que puede percibir el dinero. Los requisitos son para los que hicieron juicio y los que van por la vía administrativa y tanto Molina como el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, afirmaron que son excluyente para percibir la plata.
Ayer, un grupo de ex policías salió a pedir por las calles del microcentro que la administración giojista les diga cuándo y cómo les van a pagar. Molina explicó días atrás que no puede dar una fecha, porque antes deben terminar de revisar los trámites administrativos.