En los primeros días de diciembre un total de 108 expresos políticos sanjuaninos de la última dictadura militar, que pidieron el beneficio, empezarán a cobrar una pensión graciable otorgada por el Gobierno Nacional. Entre los beneficiarios hay 5 que hoy son funcionarios en el Estado provincial, según el listado elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos. La ayuda es de unos 7.000 pesos y se fijó por ley para las personas que fueron víctimas de detención ilegal por razones partidarias, sindicales o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983.

Los funcionarios que cobrarán la pensión son Elías Álvarez, director de Defensa al Consumidor; Raúl Avila, titular del gremio de los mercantiles y diputado provincial; Bibiano Manuel Quiroga, director de Audiencias, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación; Rosalía Garro, asesora del Gobierno provincial, y Hugo Zalazar, subsecretario de Derechos Humanos.

Si bien hay otras personas que también fueron víctimas del proceso militar y que estuvieron detenidas, como el gobernador José Luis Gioja o el ministro de la Corte de Justicia de la provincia, José Soria Vega, no todos percibirán el beneficio de la ayuda nacional porque la decisión de cobrarla es optativa y requería presentar una declaración jurada ante la Anses.

La ayuda está pensada como una compensación para aquellas personas que fueron privadas de su libertad en condición de civiles o militares, condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o detenidas por las Fuerzas Armadas o de Seguridad por causas políticas. Y fue establecida mediante la Ley 26.913, denominada Régimen reparatorio para expresos políticos de la República Argentina. La norma fue aprobada por el Congreso Nacional en noviembre del año pasado, pero recién ahora se empezará a pagar la ayuda.

En los próximos días, los beneficiarios recibirán su tarjeta de débito correspondiente al Banco que cada uno seleccionó y el dinero estará disponible en la primera quincena de diciembre, según confirmó Zalazar.

Si el beneficiario percibe otra pensión de carácter nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y por las mismas situaciones que la que establece esta ley, deberá optar. Pero en el texto figura que es compatible con la “percepción de cualquier otro ingreso monetario”, de manera que, por ejemplo, los funcionarios continuarán cobrando sus sueldos y además recibirán la nueva ayuda mensual.

De acuerdo con la ley, los expresos políticos estarán en condiciones de cobrar una pensión mensual “igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría D Nivel 0 (cero), Planta Permanente Sin Tramo -Agrupamiento General- del escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), que en la actualidad ronda los 7.000 pesos.

En el caso del fallecimiento del beneficiario, podrán ser acreedores a la pensión el cónyuge o la concubina, los hijos menores al momento del deceso y hasta la mayoría de edad y los hijos incapacitados mientras dure la incapacidad. Pero los familiares de exdetenidos que fallecieron antes de obtener la pensión, no tendrán acceso a la ayuda.