Luego de que el juez Alberto Benito Ortiz responsabilizara en un escrito al fiscal Carlos Rodríguez por la demora en la tramitación de la causa de las expropiaciones, el representante del Ministerio Público le contestó que había cumplido “rigurosamente” con los términos procesales y hasta culpó al magistrado por la tardanza en tomar algunas medidas. “Esta Fiscalía entiende que si se hubieran colectado las medidas solicitadas oportunamente con la celeridad necesaria, tarea que le corresponde al Juzgado, lo requerido hubiera salido con la antelación necesaria”, aseguró.
La polémica se da en la investigación que se disparó por una ampliación de denuncia que presentó el 21 de marzo el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, ante la Fiscalía de Instrucción Nro. 3, a cargo de Rodríguez. Es contra el exjuez Carlos Macchi, por presuntas irregularidades cometidas en 5 causas de expropiaciones, que incluso fueron motivo de su destitución del Juzgado Civil Nro. 5 en diciembre pasado.
Según Rodríguez, dentro de los 3 días hábiles solicitó medidas previas. Luego, el 26 de marzo, el fiscal subrogante adjunto, Eduardo Mallea, denunció penalmente a Macchi y a los 3 peritos que, según el escrito habrían favorecido con sus elevados montos en tasaciones sobre inmuebles al abogado Santiago Graffigna. Pero el planteo fue ante la Fiscalía de Instrucción Nro. 2, a cargo de Fabricio Medici, quien se inhibió en mayo. Pero, recién el 4 de septiembre el juez Ortiz le aceptó el planteo de inhibición.
Siguiendo con el orden cronológico apuntado por Rodríguez, en abril la causa le vino en vista y el fiscal solicitó la acumulación de ambas denuncias, la que había planteado el fiscal De Sanctis y la de Mallea. Es entonces que el 23 de mayo le llegó la presentación del fiscal subrogante adjunto, en virtud de lo cual el 29 de ese mes solicitó medidas previas (son las destinadas a revisar la verosimilitud de la denuncia), según el artículo 216º del Código Procesal Penal. Pero recién el 4 de agosto el juez de la causa acumuló ambas denuncias.
El 19 de agosto, el fiscal reiteró la solicitud de las medidas porque no se le había hecho llegar la totalidad de la prueba documental que había requerido. Y el 2 de septiembre, Ortiz le remitió la documental faltante y ese mismo día, Rodríguez hizo el requerimiento de instrucción contra Macchi y los 3 peritos de Graffigna.
No obstante, pocos días después, el 17, mediante una providencia, Ortiz sostuvo que “recuérdesele al Sr. Agente Fiscal que las denuncias que dieron origen a la ampliación del requerimiento fiscal, fueran radicadas en esa Fiscalía en fechas 21 y 26 de marzo de 2014, mientras que el consecuente requerimiento fue interpuesto en fecha 2 de setiembre de 2014”. Fue un llamado de atención que no le cayó bien a Rodríguez.
Por eso, apenas 2 días después, el fiscal le contestó que “esta Fiscalía ha actuado diligentemente en tiempo y forma de ley y en caso que considere que ha existido demora en la presentación de la requisitoria fiscal es debido a la falta de puesta a disposición por parte del Juzgado de la documental necesaria”.
“Con esto quiero dar por terminada toda controversia sobre el tema, poniendo especial énfasis en que no ha existido demora de parte de esta Fiscalía, según consta en el expediente, y por entender que estas discusiones públicas en base a subjetividades le hacen mal a la Justicia”, terminó expresando Rodríguez.