El escándalo de las expropiaciones y sus derivaciones parecen tener mucha más tela para cortar. La jueza del caso, María Inés Rosselot, resolvió ahora mandar a investigar penalmente a Miguel Suraty y Teresa Infante y llamar a declarar a Gustavo Mulet. Los dos primeros fueron los protagonistas de una polémica y dudosa sesión de derechos en la que se supone que se llevaron una cuantiosa suma de dinero a cambio de una inversión mínima y ahora están en la mira por falso testimonio; mientras que el último se presume que pudo ayudar a perpetrar la maniobra a costas de una entidad de beneficencia. La sospecha que hay en la Justicia es que los tres actuaron en acuerdo con Santiago Graffigna, el principal imputado en la causa donde se investiga una histórica estafa contra el Estado provincial.
Los nombres de Suraty, Infante y Mulet aparecieron en la megacausa de las expropiaciones cuando se conoció una cesión de derechos en el juicio de expropiación de un terreno que la sociedad de beneficencia San Vicente de Paul tenía en Rawson. El caso es uno de los tantos expedientes de expropiaciones que investiga la Justicia Penal, ante las sospechas de que un grupo de profesionales del Estado, abogados y jueces cometieron maniobras ilegales para estafar a la provincia en millones de pesos.
El juicio cambió de titular en 2005, cuando Suraty le pagó 10 mil pesos a San Vicente por el 65 por ciento de los derechos y Teresa Infante adquirió el 35 restante a cambio de 5 mil pesos. El detalle, no menor, es que el proceso ya tenía sentencia firme de cobro por algo más de 1 millón de pesos, es decir que los compradores hicieron un muy buen negocio: pusieron unos pocos pesos y se quedaron con una fortuna a percibir.
El abogado de Suraty era Graffigna y cuando el año pasado fue llamado por Rosselot a declarar, aseguró que el letrado le propuso un negocio para multiplicar plata, que él manejó todo, que al tiempo le entregó 40 mil pesos y que los más de 700 mil pesos que le tocaban por el 65 por ciento nunca los cobró. Infante, por su parte, aseveró que percibió 170 mil pesos (le tocaban 415 mil) y no dijo quién se llevó el resto.
Analizados esos testimonios, contaron en la Justicia, la jueza ordenó que se extraigan copias de los dos testimonios y se manden a la Fiscalía Penal de turno, para que investigue si Suraty e Infante incurrieron en falso testimonio. Si el fiscal considera que cometieron ese delito, se abrirá una causa aparte que los pondrá en el banquillo de los acusados.
Según las fuentes, sobre Mulet hay dudas porque había sido el abogado de San Vicente en el juicio, supuestamente sabía que la institución tenía más de 1 millón de pesos a cobrar y que no le convenía ceder los derechos. Sin embargo, aparentemente no les advirtió a las autoridades que no debían desprenderse del litigio. Además, da la casualidad que Teresa Infante es hermana de Carlos Infante, socio de Mulet en el estudio jurídico.
Rosselot ya firmó la citación del abogado a declaración informativa. Si surgen elementos que lo compliquen, podría terminar siendo imputado por el delito de estafa contra San Vicente, explicaron en Tribunales.
En el círculo de sospechas hay más eslabones. Mulet estuvo años intentando que saliera el pago por la expropiación del terreno de San Vicente y no lo logró. Pero tras la cesión de derechos, cuando Graffigna ya era el abogado de Suraty, Infante recusó a la jueza Myriam Bettio y la causa pasó a su colega Rosalba Marún. Esta última, imputada en la megacausa por su posible connivencia con Graffigna, autorizó rápidamente la ejecución de la sentencia que obligaba al Estado a pagar más de 1 millón de pesos.