La administración giojista dispuso ayer por decreto intervenir el Tribunal de Tasaciones, el organismo público que se encarga de fijar el precio de los inmuebles que adquiere o vende el Estado. La medida responde a que los miembros permanentes de la repartición están sospechados de sobrevaluar terrenos en perjuicio de las arcas públicas, lo que los llevó a verse envueltos y acusados en la megacausa de las expropiaciones. La orden oficial incluye una investigación interna para determinar si son responsables de cambiar sin justificación el criterio de tasación en juicios donde la provincia tuvo que pagar cifras siderales, en cuyo caso serían expulsados.

El decreto lleva el número 1567 y fue firmado el martes, aunque recién se notificó ayer. Gioja aparta transitoriamente de sus cargos a Joaquín Fernández, Pedro Bazani y José Moreno, y designa como interventores a Omar Blanco, Elio Vergara y Rubén Ramírez, que serán puestos hoy en funciones (ver aparte).

El instrumento justifica la intervención en que en el organismo se cometieron supuestas irregularidades en juicios de expropiaciones que hacen necesario abrir una investigación, para determinar si los funcionarios son responsables de actos que causaron un perjuicio contra "el erario público". Y al removerlos, aunque sea hasta terminar el proceso, la gestión giojista busca evitar el peligro de que desaparezcan pruebas, contó una fuente cercana al Gobernador.

El Ejecutivo se toma de dos hechos. Por un lado, que el fiscal de la megacausa de las expropiaciones pidió indagar, entre otros, a los seis miembros del Tribunal de Tasaciones (tres permanentes y tres transitorios) que participaron en los juicios donde se presume que una red de abogados, jueces y empleados del Estado ayudaron a inflar el valor de los terrenos y sacarle plata de más a la provincia. Por el otro, un nuevo caso que pinta para transformarse en un escándalo.

Se trata de una expropiación que inició el municipio de Albardón de 20 hectáreas. El Tribunal de Tasaciones intervino por primera vez en 2005, tasó el inmueble como rural y fijó 430 mil pesos. Dos años después, cuando ya se había disparado el juicio, el organismo cambió de criterio, consideró que el terreno era urbano y estableció increíblemente 2,3 millones de pesos, es decir casi seis veces más.

Con la salida de Fernández, que es hermano del exministro y actual asesor del gobernador Emilio Fernández, Bazani y Moreno, ya son cinco las bajas de funcionarios que están acusados en el caso de las expropiaciones. Los otros son el exfiscal de Estado Mario Díaz, que dio un paso al costado cuando salió a la luz el escándalo, y la jueza Rosalba Marún de Sobelvio, que para esquivar un Jury (hoy están en trámite) renunció a partir del 1 de enero.

Fernández, Bazani y Moreno quedaron implicados a partir de los constantes cambios de criterio en las tasaciones de lotes de Cuesta del Viento. El fiscal dice que extrañamente tasaban a mayor valor en los juicios donde intervenía el abogado Santiago Graffigna, sospechado de ser el organizador de las maniobras fraudulentas contra la provincia. Además, sostiene que presentaron tasaciones fuera de término y que no pidieron las actas de desposesión, hechos que ayudaron a que los valores de los inmuebles salieran a cifras irrazonables.

Apenas se enteraron, los tres funcionarios se reunieron a solas. Este diario quiso hablar con Fernández, pero se negó. "Parece que se van, no hay un buen clima con todo esto", aseguró un empleado del Tribunal de Tasaciones.