En las últimas semanas, Ana María Melvin quedó bajo la mira oficial en la conocida megacausa de las expropiaciones. La mujer trabajó como perito de la Fiscalía de Estado, el organismo que defiende los derechos de la provincia, y su nombre salió a escena cuando uno de sus ex compañeros declaró que ella misma le contó que tenía un arreglo con Santiago Graffigna, el abogado que en el Gobierno creen que participó de maniobras para sacarle plata de más a las arcas públicas. La profesional lo niega rotundamente, pero de un informe surge que en, al menos, tres juicios que llevaba ese letrado tasó los terrenos a un valor de hasta 1.300 por ciento más que de costumbre.
Las tasaciones son de vital importancia, porque ayudan al juez a fijar el precio que debe pagar la provincia por un terreno expropiado. Los que se encargan de esa tarea son el Tribunal de Tasaciones, el perito de Fiscalía de Estado y el perito del propietario del inmueble. El magistrado toma esas opiniones como marco de referencia y establece el valor definitivo.
En el marco de la megacausa, aparecieron elementos que llaman la atención y que podrían trazar una conexión entre Melvin y Graffigna a través de las tasaciones. El proceso se disparó por una denuncia del Gobierno, que sospecha que hay una red de abogados, jueces y hasta profesionales de Fiscalía de Estado que inflan el precio de los inmuebles para que la provincia pague de más.
Fuentes judiciales aseguraron que Roberto Nievas, también perito de Fiscalía de Estado, declaró en sede judicial que Melvin le confesó que tenía un acuerdo con Graffigna. Por otra parte, hay pruebas que muestran cómo las tasaciones de la profesional se fueron repentinamente a las nubes en juicios en los que, según las fuentes, el abogado en cuestión representaba a los propietarios.
Un informe del Tribunal de Tasaciones, que contiene decenas de plenarios que se hicieron para tasar lotes expropiados para hacer el dique Cuesta del Viento, revela que la perito y el organismo coincidieron en la mayoría de los casos y fijaron valores que rondaban los 1.700 pesos por hectárea. Sin embargo, hay juicios puntuales donde hubo diferencias exorbitantes y difíciles de explicar.
Según el informe, Melvin opinó que el precio de una parcela de 2 hectáreas y media que pertenecían a José Guajardo era de 24.067 pesos, es decir casi 12 mil pesos la hectárea. El monto está muy por encima de los 2.712 pesos que fijó el Tribunal de Tasaciones e inclusive, supera los 23.793 que pretendía el propietario.
En el caso de un lote de media hectárea de Olga Guajardo y Nelly Guajardo, Melvin opinó que costaba 6.784 pesos y el Tribunal de Tasaciones determinó 934 pesos. Mientras que por dos terrenos de Pedro Díaz que sumaban 1,2 hectáreas, el organismo fijó 8.057 pesos y Melvin un 30 por ciento más.
Los casos son anteriores a 2006. Ese año, el Tribunal de Tasaciones cambió de conformación, entendió que los terrenos expropiados para el dique estaban en zonas semi-urbanas y por una hectárea, se empezaron a fijar valores mayores a 100 mil pesos (también se está investigando el por qué del cambio de criterio).
En el plenario, las tres opiniones son votadas y generalmente se impone la del Tribunal de Tasaciones por tener mayoría. No obstante, hay jueces que trazaron un promedio entre las tres para fijar el valor a pagar por el Estado.