San Juan 29 de noviembre.- El mediodía de ayer, el Fiscal de la megacausa expropiaciones Carlos Rodríguez presentó un nuevo requerimiento ante la jueza que instruye la causa, pidiendo que se imputen nuevos delitos a dos de los 11 procesados. Tentativa de fraude contra la administración pública y estafa para Graffigna y falta de los deberes de funcionario público y tentativa de estafa para la ex jueza del primero Civil Rosalba Marún.
El Fiscal relató a Diario de Cuyo Online que “amplié la acusación por dos hechos nuevos. Una de las causas es Alberto Basañes, contra provincia de San Juan. Esa fue una denuncia que presentó Fiscalía de Estado en febrero, solicité medidas previas y tras haberse cumplimentado las mismas, el juzgado me corrió vista para que haga el requerimiento de instrucción o no. Tras el análisis pido que se imputen los delitos de tentativa de fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la figura de Rosalba Marún. La jueza no advirtió que Graffigna no actuó con poder, sino en calidad de gestor y el abogado de Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi tampoco actuó con poder. Además nunca se notificó a Fiscalía de Estado el traslado de la demanda. Estas irregularidades debían ser advertidas por la jueza pero nunca lo hizo y continuó la demanda condenando a la provincia”, relató.
En cuanto a la segunda causa analizada por Rodríguez, el funcionario explicó que “la causa es IPV contra San Vicente de Paul. La Asociación tenía un terreno en Rawson, que fue expropiado por la provincia para la construcción del barrio monseñor Orzali . La superficie expropiada fue de una hectárea. Lo que ocurrió en ese juicio es que las mujeres de la Asociación cedieron los derechos del juicio en un 35% a Mónica Almedida y el otro 65% a Zurati. Esa sesión se hizo por asesoramiento de Graffigna, quien era el abogado de la asociación de beneficencia. Y lo que ocurrió es que según expresó Carmen Arévalo, presidente de la asociación, es que nunca se le informó el resultado del juicio y menos que había sentencia firme y que estaba trabado un embargo a las cuentas de la provincia, que el proceso lo podían seguir ellas mismas e inclusive cobrarlos. Pero lo que terminó pasando es que Graffigna les dijo que era conveniente que cedieran los derechos, pero nunca les dijo que la causa tenía sentencia firme de la Cámara de Apelaciones y que el monto llegaba al millón de pesos. Cuando se les preguntó si sabían eso, dijeron que no tenían idea y que de haberlo sabido, nunca hubieran cedido el juicio. Es por eso que pido se impute a Graffigna por estafa”, finalizó.